El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Laguna ha desestimado la demanda presentada por el sector crítico del Partido Socialista (PSOE) del municipio, del que varios miembros habían denunciado que fueron vulnerados sus derechos de asociación, participación política y defensa como afiliados de la referida organización cuando se produjo el nombramiento de una gestora.

Así lo recoge una sentencia categórica, con fecha del pasado lunes y en la que el juez absuelve a la parte demandada -el PSOE- y condena a los denunciantes -Silvia Maestre, Yeray Rodríguez, Alberto Javier Báez, María Clara Palazón y José Manuel Pérez- al pago de las costas. Cabe, eso sí, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Como se recordará, la facción liderada por Abreu llegó al juicio del pasado 27 de enero con las cosas muy difíciles, después de que en septiembre, en un auto rechazando las medidas cautelares que habían solicitado (la suspensión de la gestora, que "sacó" a ese grupo de la dirección de la formación), el magistrado que ha instruido el caso recogiese planteamientos diametralmente opuestos a los esgrimidos en la demanda.

El nuevo escrito también va en esa línea, y rechaza de plano que se conculcasen los derechos citados. "Y de entrada, hemos de decir que los argumentos mantenidos por la parte actora no pueden sostenerse", expone. Contraponiéndola con la testifical del concejal y exlíder socialista local Javier Abreu, se señala que la de Mónica Martín -también edil y primera teniente de alcalde- puso "de manifiesto" que la situación del PSOE lagunero era "insostenible" y que "resultaba necesario adoptar por el partido una decisión orgánica que diera, en principio y cuando menos, una estabilidad al pacto de gobernabilidad".

Más adelante, indica el juez: "Tras la prueba practicada en autos (sobre todo interrogatorios y testificales), si algo quedó claro es que la parte demandante confunde sus posibilidades de medrar en su propio partido con su real derecho de asociación y su real derecho de participación política, pues lo cierto y verdad es que, como militantes del PSOE, podrán seguir ejercitando libremente los derechos que les corresponden, al igual que en sus cargos políticos como concejales para aquellos que los siguen manteniendo (...)". Tras lo anterior, se citan las "confianzas y desconfianzas internas" y las "historias de lealtades o traiciones" para precisar que su resolución no corresponde a los tribunales.

Este documento acaba de reafirmar la idea de que la indefensión fue una estrategia, lo que ya se avanzaba en septiembre. "Sin embargo, si algo se aprecia es que la parte actora incurrió en su propia indefensión, pues, si consideraban los demandantes que se había vulnerado alguno de sus derechos, pudieron haber acudido a la Comisión Federal de Ética y Garantías", dicta la sentencia. "(...) En este supuesto, atendiendo a la falta de uso de las opciones de defensa que en sede del partido se les ofrecían a los actores, resulta claro que estos mismos se colocaran y provocaran tal situación de indefensión, pretendiendo la vía judicial", se agrega a continuación.

El magistrado, tras una vista oral marcada por las acusaciones entre las partes, también se pregunta por la razón de que Abreu no estuviese entre los denunciantes, y apunta que su testimonio no le ofrece "ninguna validez" por, entre otras cosas, la coincidencia con el interrogatorio del abogado de aquellos. En la misma línea, expresa que no es descartable que se renunciase a las testificales de los dirigentes socialistas Julio Cruz y Héctor Gómez "por miedo" a que estos dieran a conocer "asuntos de interés para el proceso, pero en contra de los intereses de la parte demandante".