El Rosario negociará una oferta de empleo con los sindicatos

La oferta pública de empleo (OPE) del Ayuntamiento de El Rosario está en camino. El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Jacinto Correa, anuncia que el consistorio tiene previsto dar próximamente los primeros pasos para la convocatoria de ese proceso de contratación, que durante años fue sustituido por la vía de incorporar a empleados "a dedo", hasta el punto de que derivó en el denominado "caso Enchufe".

En declaraciones a EL DÍA, y tras las últimas novedades vinculadas a aquel episodio de corrupción -del anterior gobierno municipal-, Correa señala que desde su área negociarán con los representantes de los trabajadores para cumplir con ese objetivo. Para ello, primero, darán a conocer sus planes a los sindicatos y después se abrirá un período de tres años para desarrollarlos. Lo que tienen claro desde el ayuntamiento es que han de convocar ya la oferta pública de empleo.

Otra de las claves de este asunto es que la Intervención General se ha manifestado reiteradas veces contra la situación laboral que se viene dando. El órgano fiscalizador del gasto económico local ha repetido que existen numerosos puestos (incluso reservados a funcionarios públicos) que están cubiertos de forma temporal por personal laboral no fijo y que, por tanto, se debe proceder a regularizar la situación.

Detrás de todo lo anterior se encuentra la práctica que imperó durante años en el consistorio rosariero, por la que se contrató de forma irregular hasta a 135 empleados, que en marzo de 2017 representaban el 56,46% de la plantilla. El resultado fue el caso Enchufe, que terminó con un acuerdo entre la Fiscalía y el exalcalde Macario Benítez para ser condenado a cinco años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito continuado de prevaricación.

El pasado lunes se conoció que uno de los beneficiarios de aquel modo de incorporar trabajadores presentó una demanda para que se le reconociese su derecho a ser personal de carácter indefinido, debido, alegaba, a que sus contratos temporales se formalizaron en fraude de ley. El resultado fue una sentencia fechada el 30 de enero -contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias- desestimando la petición del denunciante y que, sobre todo, se pronuncia sobre el cómo de esos acuerdos laborales, lo que no hacía el escrito penal firme contra Benítez. Se recoge en el reciente documento que hay "nulidad originaria" en la contratación del empleado.

El personal municipal incorporado irregularmente ha vivido en una especie de limbo desde el fallo judicial del caso Enchufe hasta ahora. Mientras, el ayuntamiento consultó a Función Pública en marzo de 2017 cómo debía proceder para resolver el problema sin afectar a la prestación de los servicios y, ante la falta de respuesta, reiteró la solicitud el pasado mes de enero.

Correa y el preludio del caso Enchufe

Jacinto Correa, el concejal que tratará de llevar a buen término la oferta pública de empleo (OPE) del Ayuntamiento de El Rosario, es el mismo que un día fue destituido por oponerse a un modo de gestionar que, precisamente, al final desembocó en la condena por las contrataciones irregulares del caso Enchufe.

Hace unos 15 años, en noviembre de 2002, el exalcalde rosariero Macario Benítez decidió cesar a Correa, por entonces edil socialista al frente del área de Personal. A través de un comunicado, el líder del PSOE en el municipio esgrimió que aquella decisión "era de esperar", debido a que en la sesión plenaria previa el concejal había votado "en contra del grupo municipal socialista, oponiéndose al convenio colectivo del personal laboral, lo que motivó la pérdida de confianza en sus funciones".

El hoy miembro de la formación política Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) argumentó en su defensa que no había dado su respaldo porque quería lograr el equiparamiento de los salarios de los funcionarios, y criticó que se había celebrado una reunión a sus espaldas para la negociación del acuerdo, a pesar de que él era el responsable del área. También ponía cifras a una situación que engarza con la actual: el consistorio tenía un 85% de sus trabajadores "en situación precaria" y, de sus 150 funcionarios, solo 20 contaban con contrato fijo, 16 eran indefinidos y el resto, temporales.

A finales de enero de 2003, decidió entregar su acta. Lo acompañó en el paso, "por ética y en apoyo", otro edil de la época: Ramón Celso del Castillo. Jacinto Correa sostuvo por aquellos días que ser concejal no era su "modus vivendi", y abundó en las circunstancias laborales que se estaban dando en el ayuntamiento y, en particular, lamentó que no se hacía "una verdadera oferta de empleo público". Era una especie de preludio de lo que vendría años más tarde: el caso Enchufe y la condena penal al ahora exalcalde.