El intento de enmendar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de La Laguna no ha sentado bien en la comisión encargada de su elaboración. Su coordinador, Justo Reyes, sostiene que el documento ha sido trabajado con el 85% de las entidades del municipio, así como con los grupos políticos, y aprecia que una "mínima representación" quiere "imponer" el texto definitivo.

"Si hablamos de participación real deben de elaborarlo los colectivos vecinales, y no un partido político, aunque en última instancia sean los que lo aprueben en el pleno", expone Reyes en un prolijo escrito remitido a este periódico. Se trata de una cronología del proceso en la que también analiza la situación actual. "Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere) queremos dejar claro que el reglamento no es patrimonio de nadie; lo que hemos hecho es coordinar la modificación a petición de los grupos políticos", afirma.

Esto se produce después de que se conociese el contenido de las cuatro alegaciones registradas, de las que una está firmada por una decena de colectivos y constituye una especie de enmienda de sustitución al documento.

El conocido dirigente vecinal -miembro de la directiva de la FAV- recuerda que los orígenes del trabajo se sitúan en las jornadas culturales de 2011 del Camino del Tornero. Allí se abordó el proyecto "La participación social a debate", que había arrancado desde 2009. Al encuentro, indica, asistieron los concejales laguneros Juan Manuel Bethencourt (CC), Javier Abreu (PSOE), Juan Ignacio Viciana (XTF), Susana Fernández (PP) y Juan Miguel Mena (SsP). "La propuesta de Nacho Viciana fue aceptada por todos: que la FAV Aguere iniciase la modificación del reglamento de participación ciudadana", mantiene.

Hilvana Justo Reyes un relato con el que, entre líneas, trata de demostrar que estuvieron incluso los hoy críticos con el texto. En ese sentido, expresa que, una vez que se puso en marcha el procedimiento, a la primera reunión asistieron representantes de la FAV Aguere, la asociación de vecinos de San Lázaro -"no federada", precisa-, Los Menceyes (una de las firmantes de la principal alegación) y Los Verdeños. Se acordó entonces constituir la comisión de trabajo e invitar a todas las formaciones políticas con presencia en el ayuntamiento. "Se anunció en las redes sociales y acudió quien quiso; luego algunos abandonaron en el transcurso del proceso", añade.

"A lo largo de 2012, 2013 y 2014 se celebraron más de 30 reuniones, terminando con unas jornadas abiertas", plantea. Posteriormente, se cerró el reglamento en enero de 2015 y lo presentaron en el ayuntamiento. Retomaron el trabajo ya en el nuevo mandato "solo para adaptarlo a la Ley de Municipios", si bien este se acabó ralentizando "por los intentos de algunas personas de que se eternice y nunca salga a la luz". Ahora hay una convocatoria marcada para el 22 de marzo para tratar de tomar una decisión sobre las alegaciones presentadas.