El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha afirmado hoy que no tiene que pedir perdón por defender la legalidad en el caso grúas, algo que a su juicio sí deben hacer Fernando Clavijo y José Alberto Díaz "por actuar en un clima de desviación y abuso de poder".
Santiago Pérez ha aseverado en declaraciones a EFE que "precisamente" a la vista de esa situación ha cumplido con su deber como cargo público representativo en defensa de la buena administración y de la legalidad frente a quienes "utilizaron el poder del Ayuntamiento, que la ciudadanía les delegó, al servicio de intereses particulares".
Por actuar así, continuó el portavoz municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias, existen indicios racionales de criminalidad y ayer la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna lo primero que advirtió al alcalde, José Alberto Díaz al inicio de su declaración es que está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Advirtió además Pérez, que junto con Unid@s ejerce la acusación del caso, de que con los autos de la Audiencia Provincial "en la mano", la jueza de instrucción y la Fiscalía tendrían que estar investigando el caso grúas "a fondo", pero da la impresión de que actúan "a regañadientes" y obedecen de mala gana las decisiones de la Audiencia.
"Y no hay que olvidar que los hechos que deben investigar son indiciariamente constitutivos de delito y están en el ámbito competencial de la Fiscalía Anticorrupción", indicó.
Ayer quedó en evidencia, prosiguió Santiago Pérez, que el alcalde no se atrevió a contestar las preguntas de la acusación popular pese a que había estado la semana pasada "pregonando" que iba a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, lo que pudo hacer en la comisión especial de estudio que creó el Ayuntamiento, que Díaz tardó un año en poner en marcha "y luego frustraron".
José Alberto Díaz se acogió como ciudadano al derecho a no declararse culpable ni a declarar algo contra sí mismo, pero esto en un gobernante "es intolerable" y demuestra "no estar a la altura del cargo de la Alcaldía de La Laguna".
Otro gesto "que me avergüenza", añadió, es que el alcalde ha intentando "echarle la culpa" a la directora municipal de Seguridad, Rosario Hernández, que en el anterior mandato actuaba bajo la directa dependencia del concejal del área, que entonces era José Alberto Díaz.
"Esto ha sido un gesto de cobardía si cabe más grave aún que negarse a contestar a nuestras preguntas", agregó Pérez, quien reiteró que en el caso grúas ha habido "dos protagonistas", Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, pero también ha habido "un papel especialmente activo" de Rosario Hernández, que pertenece "al grupo de altos funcionarios acostumbrados a hacer política y ejercer el poder a la sombra de CC".
"Que sepan estos funcionarios de elite que CC los usa y después los tira porque en su libro de estilo, donde la cobardía ocupa un lugar de honor, en todos los asuntos de corrupción empezando por el caso de Las Teresitas logra que algunos funcionarios informen a favor de sus intereses y tejemanejes, y luego los usan como escudos humanos", añadió Santiago Pérez.