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Las Chumberas: una lucha que atisba su final

El Ministerio de Fomento acordó en 2011 una subvención de 19 millones y la anuló. El ayuntamiento no pudo iniciar el cambio del PGO y el Expediente de Expropiación hasta 2016.
El Día
28/ene/19 6:23 AM
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Las Chumberas: una lucha que atisba su final

El Día

D esde principios del año 2009, en que se detecta por primera vez el problema de aluminosis en uno de los bloques de Las Chumberas, se han realizado numerosísimas actuaciones que han conllevado una larga y compleja tramitación administrativa. Un tedioso tránsito que podría culminar este martes, día 29 de enero, fecha en la que tendrá lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento en Madrid entre las cuatro administraciones implicadas (Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ejecutivo central) y que promovió el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras enviar una misiva a Fomento para solicitar un encuentro debido a la urgencia y el cariz que habían tomado los acontecimientos en Las Chumberas, y más tras el vencimiento del convenio el pasado 31 de diciembre, que no fue rubricado por Fomento.

Pero, ante una semana que puede ser decisiva -y tras otra en la que el asunto fue abordado incluso en el pleno del Cabildo-, explicar el problema de Las Chumberas es relatar una historia que ha estado plagada de complejos procedimientos administrativos y cambios políticos que han dificultado su camino... al menos hasta ahora. Tres convenios firmados, tres elecciones generales, una moción de censura, una licitación que quedó desierta, un laborioso Expediente de Expropiación y Realojo y una modificación del planeamiento municipal (que el ayuntamiento resolvió en un año a pesar de la legislación existente) son varias de las dificultades por las que ha pasado la urbanización lagunera.

El relato arranca a principios del año 2009. Desde que en aquel entonces se detectó por primera vez el problema de aluminosis en uno de los bloques de Las Chumberas, se han realizado muchas actuaciones que han conllevado una larga y compleja tramitación administrativa. Y es que, y entre otras cosas, para la reposición de las viviendas era necesaria la modificación del planeamiento en el ámbito en cuestión. ¿Por qué? Debido a que las edificaciones existentes estaban fuera de ordenación, a que las parcelas edificadas no cumplían con las determinaciones del plan vigente y a que la edificabilidad consolidada era bastante superior a la permitida por el planeamiento. Para la modificación de este era necesario contar con la financiación que garantizara la viabilidad y sostenibilidad económica de los criterios del nuevo plan (aspectos exigidos por la legislación del suelo y urbanística, esto es, todos los costes de edificación, demolición urbanización y otros gastos generales).

Se contaba inicialmente para la financiación con el convenio del 18 de noviembre de 2011, que contemplaba la demolición y reposición de todas las viviendas existentes (42 bloques) en el ámbito. Así es que el 4 de diciembre de 2011 se acordó una subvención directa por parte del Ministerio de Fomento al ente gestor (Muvisa) de 19 millones, a materializar en un convenio plurianual de cuatro anualidades. Sin embargo, este fue nulo al no contar con partida presupuestaria, y así se anunció el 29 de marzo de 2012 por parte del Estado.

Con el nuevo gobierno (año 2011) se inició otro proceso en el que se cuestionó el objeto del convenio. ¿Qué se ponía en duda? El alcance de la actuación (donde se contemplaba demoler 31 más once bloques), que luego pasó a ser de diez bloques, y también la financiación. Así las cosas, no fue hasta el 9 de febrero de 2015 cuando por parte del Ministerio se presentó un borrador de convenio que concretaba, por fin, la financiación de una primera fase de la actuación que se limitaba a solo las viviendas afectadas por aluminosis, dejando fuera otras que también presentaban otras patologías estructurales, y comprometiendo únicamente la financiación para dicha primera fase que comprendía la demolición de 10 bloques (160 viviendas). En ese caso, los fondos llegarían a través de un convenio plurianual (anualidades 2015 y 2016).

Lo anterior permitió, por un lado, tramitar la modificación del planeamiento que definía un ámbito de gestión pública por expropiación, que se aprobó definitivamente y se publicó el 28 de octubre de 2015. Por otro lado, hizo posible al ente gestor contratar la redacción de los proyectos de edificación y redactar con sus medios los proyectos de demolición y urbanización, e iniciar los trabajos preliminares de campo para la redacción del proyecto de expropiación. A continuación se pusieron en marcha las labores de campo ya propiamente dichas.

Posteriormente, en julio de 2015, se remitió por parte del Ministerio un nuevo texto de convenio a suscribir que dejaba sin efecto el propuesto anteriormente y en el que se definían dos subfases de la primera fase comprometiendo únicamente recursos para la Subfase A de la Fase I y con una única anualidad de 2015, que se firmó el 4 de noviembre del citado año.

No obstante, la insistencia de las administraciones canarias, lideradas por el Ayuntamiento de La Laguna, permitió obtener, por fin, la financiación para la totalidad de la Fase I, que se materializó en un nuevo convenio para la Subfase B de la Fase I que se suscribió el 4 de octubre de 2016. En cuanto se tuvo garantizada la financiación fue cuando se comenzó el Expediente de Expropiación, pues de lo contrario se produciría un reparo de la Intervención.

Llegados a este punto, hay que destacar que tuvieron que transcurrir tres años y medio de negociaciones (2012, 2013, 2014 y parte de 2015) hasta que se consiguió un convenio definitivo.

La firma del convenio de 2016 -que completaba la financiación de la primera fase- posibilitó impulsar la tramitación del Expediente de Expropiación del ámbito de la primera fase, aprobándose inicialmente el 24 de octubre de 2017. Y ahí se empezaron a realizar las notificaciones individuales a todos los dueños de las viviendas, y arrancó el período de exposición pública (una fase de trabajo de campo larga). Este trámite imprescindible ha supuesto una auténtica losa administrativa, debido a la laboriosa tarea que implica localizar y tratar con cada uno de los titulares de las más de 160 viviendas, ya que, en muchos casos, los propietarios no poseían sus títulos con vigencia (por herencias) o se daban casos de que una misma persona tenía varias casas.

Ante la diversidad de convenios suscritos con diferentes vencimientos para una única actuación, se solicitó la agrupación de todos ellos en un único convenio adecuado a la planificación real de las obras realizadas por el ente gestor y aceptada por la comisión de seguimiento, que garantizaba la seguridad jurídica de las actuaciones sobre todo en el aspecto de la financiación y que es necesaria para la aprobación definitiva del Expediente de Expropiación que permitirá la obtención de suelo para el inicio de las obras.

Los pasos posteriores son los siguientes: se formalizó una comisión de seguimiento el 8 de junio de 2018, a la que no asistió el Cabildo; el Ministerio envió el 31 de julio de 2018 un borrador de Convenio de Conclusión de Obra; el Ministerio aún no había remitido un borrador del convenio recogiendo las aportaciones de cada administración implicada, y el 25 de septiembre de 2018 tuvo lugar la última comunicación del Ayuntamiento de La Laguna al Ministerio, donde le adjuntó las alegaciones al borrador del convenio.

Tras todo lo anterior, y en cuanto al procedimiento de licitación de obras de demolición, urbanización y edificación, la situación a día de hoy es que se ha procedido a la adjudicación condicionada a la obtención del suelo de las obras a la contrata que ha resultado del procedimiento de contratación. Con respecto a los Expedientes de Expropiación y plan de realojo, se encuentran en disposición de ser aprobados definitivamente una vez que se garantice, de nuevo, la financiación, toda vez que el último convenio finalizaba el pasado 31 de diciembre.

Actuaciones realizadas por el ayuntamiento

Apuntalamiento de viviendas afectadas.

Realojo de las unidades familiares desde principios de 2011.

Modificación del planeamiento, imprescindible para la reposición.

Se han iniciado los expedientes de Expropiación y Plan de Realojo. Están en disposición de ser aprobados definitivamente si se garantiza la financiación necesaria, supeditada al convenio que acababa el 31 de diciembre de 2018 para poder firmar las actas de ocupación del suelo.

Se ha licitado la redacción de los proyectos de nuevas edificaciones y reurbanización.

Se ha procedido a la licitación de las obras de demolición, urbanización y edificación.

Se han adjudicado provisionalmente las obras.

Se ha impulsado la aprobación de una nueva disposición adicional sobre realojos en la Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2019 (nueva en el Archipiélago), que entra en vigor el 1 de enero, que va a permitir que las viviendas de sustitución sean protegidas y puedan ser adjudicadas a los actuales propietarios.

Se está pendiente de suscribir el Convenio de Conclusión de Obras.