Las Fuerzas de Seguridad tienen constancia del envío por parte de ETA de una nueva remesa de cartas de extorsión en las que se pide el pago de lo que los terroristas llaman "impuesto revolucionario". El anuncio coincidió con la desactivación de dos detonadores que fueron colocados en el buzón de la vivienda que comparten en San Sebastián una jueza y un trabajador de una empresa de seguridad.

En las misivas, llegadas en los últimos días, se especifica que los pagos deben hacerse en "los círculos de la izquierda abertzale", informaron fuentes de la lucha antiterrorista. Los destinatarios de estas cartas son de nuevo empresarios, personas destacadas de la sociedad vasca y navarra, así como profesionales liberales.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, en esta última remesa la banda ha ampliado el círculo y ha incluido a personas que nunca antes habían sido objeto del chantaje etarra. Esto se debe a la precaria situación económica que atraviesa ETA, cuyos efectos también se dejan notar en el aparato de extorsión. Cada vez son menos los que acceden a pagar debido a que se sienten menos amenazados que antes, explicaron las fuentes.

Por estos motivos, los terroristas también han recurrido en esta última remesa a enviar las cartas al mismo remitente por canales diferentes. Las Fuerzas de Seguridad tienen conocimiento de casos en los que los extorsionados recibieron el mismo día la carta en su casa y en su trabajo. Con ello, la banda pretende ejercer mayor presión sobre sus víctimas y asegurarse de que les llega la exigencia del pago revolucionario.

Un mínimo de 80.000 euros

En cuanto a las cantidades, esta última remesa de cartas oscila entre un mínimo de 80.000 euros y un máximo de 400.000. Se estima que han sido enviadas en torno a un centenar de misivas entre el País Vasco y Navarra.

Por otra parte, el departamento vasco de Interior indicó que artificieros de la Ertzaintza retiraron a mediodía de ayer dos detonadores y un trozo de cable del interior de un buzón ubicado en un portal de la calle Goiko Galtzara Berri, en el barrio donostiarra de Aiete.

Fuentes de la lucha antiterrorista precisaron que la vivienda, en cuyo buzón se localizaron ambos "detonadores industriales de cobre", pertenece a una jueza y a un trabajador de la empresa Casesa, quien fue además candidato en alguna lista electoral del Partido Popular (PP) y que, según un portavoz de dicha compañía, desarrollaba, al parecer, tareas de escolta.

El citado departamento del Gobierno Vasco no confirmó este extremo, aunque sí indicó que la zona en la que ocurrieron los hechos fue desalojada y acordonada entre las 12:30 y las 15:00 horas, mientras trabajaban en el lugar los artificieros de la policía autonómica vasca.

El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, condenó la aparición de los detonadores y aseguró que "estas amenazas confirman que nada ha cambiado entre los radicales". Sémper expresó su apoyo y el de su formación a "los amenazados" y señaló que "todos los vascos" siguen "amenazados por ETA y por el entorno radical".