El abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido hoy al Tribunal Supremo que anule todas las actuaciones que han llevado al juez al banquillo por querer investigar los crímenes del franquismo, porque han vulnerado la legalidad y porque la acusación popular carece de legitimidad.

En su exposición durante la primera sesión del juicio a Garzón por un delito de prevaricación, por el que la acusación ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación, Martínez-Fresneda ha denunciado las "irregularidades" cometidas durante la instrucción que, a su juicio, han tenido un efecto "devastador" para el juez.

Asimismo, ha reclamado al tribunal que declare la falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar a Garzón amparándose en la llamada "doctrina Botín" del alto tribunal, que establece que no se podrá abrir juicio oral si la única acusación es la popular, como en este caso, y no acusa la particular ni la Fiscalía.

Respecto a la instrucción, ha considerado que el magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la causa abierta tras la querella inicial de Manos Limpias, "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad".

Martínez-Fresneda ha recordado cómo Varela optó por dar una "segunda oportunidad" a las acusaciones al encontrar defectos en sus escritos de acusación y cómo, en el caso de Manos Limpias, llegó a sugerir la forma en la que debía corregir esos errores, al explicar al sindicato que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".

El letrado ha pedido además a la sala que, si no anula la causa, acepte escuchar como testigos a varios juristas españoles y extranjeros -cuyo testimonio ha sido rechazado por el Tribunal Supremo- que defienden las mismas tesis que Garzón para que valore "si sus opiniones son razonadas o son pamemas".

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se ha opuesto a las peticiones de la defensa y ha defendido la legitimidad de la acción popular para acusar cuando se perjudiquen intereses generales.