Tres grandes ONG han escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recordarle que ninguna crisis económica o financiera disminuye su responsabilidad en el respeto de derechos como la sanidad, educación o vivienda digna.

Por ello, han aconsejado al Ejecutivo que lo tenga en cuenta a la hora de diseñar medidas y proponer recortes con los que afrontar la crisis de manera que no afecten los derechos básicos de las personas y en especial los de las personas más vulnerables.

Firmada por Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC, la carta detalla que, sólo en los nueve primeros meses de 2011, más de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler y que el Gobiernno ya ha anunciado recortes en la sanidad pública y merma en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.

Así, los firmantes han recordado a Rajoy que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se comprometió a usar "el máximo de los recursos de que disponga" en el cumplimiento "progresivo y sin retrocesos" de los derechos económicos, sociales y culturales.

Para hacerlo efectivo, los firmantes aconsejan llevar a cabo una evaluación del posible impacto que la reducción del gasto público pueda tener en estos colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicación, que las medidas de recuperación económica no agravan aún más su situación.

Además, piden que se realice un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar medidas regresivas que pudieran deteriorar la situación socio-económica de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Priorizar en la cooperación -incluidas las aportaciones al sistema internacional de protección de derecho humanos de Naciones Unidas- la promoción de los derechos humanos y la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

"La protección de los derechos humanos no es una opción en el marco de las medidas encaminadas a la recuperación económica", ha subrayado el director del Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Ignacio Saiz.