El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del despido y la readmisión en el puesto de trabajo de un empleado de la Caja Rural de Toledo que denunció haber firmado en febrero de 2010 una baja voluntaria bajo coacciones de la empresa.

La Sala de lo Social del TS ha rechazado el recurso presentado por la entidad financiera contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró nulo el despido de Julio D.P. por vulnerar derechos fundamentales.

El empleado Julio D.P presentó una denuncia por un delito de amenazas y coacciones contra seis directivos de Caja Rural de Toledo que el 15 de febrero de 2010 -alegó el trabajador- lo presionaron para firmar su baja voluntaria de la empresa en la que trabajaba desde 1991.

Según el denunciante, ese día durante su jornada de trabajo fue llamado a un despacho donde los seis directivos lo "conminaron" a que suscribiera la baja "sin dar más explicaciones" y le advirtieron de que si no lo hacía se vería envuelto "en un procedimiento judicial con responsabilidades penales", sin darle ocasión para defenderse.