El extesorero de CDC y exadministrador de la fundación Catdem, Andreu Viloca, era la persona responsable de la presunta concesión de obra pública a cambio de comisiones, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción en un informe que forma parte del sumario del denominado caso del 3%.

El juez de El Vendrell (Tarragona) que dirige la investigación levantó ayer parcialmente el secreto de sumario y entre la documentación figura un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que corrobora lo que ha mantenido hasta ahora y que llevó a detener en su día a Viloca.

En dicho informe detalla los trabajos de la Guardia Civil en la investigación, en el que dice que el extesorero de CDC y exresponsable de la fundación convergente realizaba "un especial y anómalo seguimiento de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local como autonómico".

Hace incluso menciones a negociaciones sobre asuntos entre los años 2011 y 2013, cuando el presidente de la Generalitat era Artur Mas y menciona ayuntamientos de toda la geografía catalana como Lloret de Mat (Girona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Torredembarra (Tarragona), Figueres (Girona) o Sant Celoni (Barcelona).

La Guardia Civil, en sus registros, encontró papeles relacionados con licitaciones en el despacho de Viloca, entre los que incluso hay una nota manuscrita de un empresario a través de la cual le pidió celebrar una reunión para tener "más suerte" en las adjudicaciones.

Ya el pasado 2 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en parecidos términos después de que la Guardia Civil detuviese a 18 personas, entre ellas al propio Viloca, en la cuarta fase de la investigación del llamado "caso del 3 %".

La Fiscalía Anticorrupción consideró ya entonces que el extesorero de CDC Andreu Viloca jugaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergència, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.

A raíz de la información intervenida por la Guardia Civil en las anteriores operaciones por este caso, Anticorrupción concluyó que había quedado acreditado que Viloca "llevaba un control exhaustivo" de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones en poder de CDC.

Según la Fiscalía, de confirmarse estos pagos, se trataría de "sobornos bajo la apariencia de donaciones", que CDC recibía a través de sus fundaciones afines CatDem y Fórum Barcelona.

En un informe de la Guardia Civil remitido el pasado 27 de enero a la Fiscalía Anticorrupción se advertía de que la trama utilizaba una "misma mecánica de distracción de dinero público", mediante concursos "amañados", que en apariencia mantenían todos los requisitos formales de legalidad.

La Fiscalía basa sus indicios en el análisis de la agenda electrónica de Viloca incautada en el registro de su despacho en la sede de CDC y en los 13 documentos que la Guardia Civil ha podido reconstruir de fragmentos recuperados en una trituradora de papel que, según sospechan, el extesorero habría puesto en marcha antes de que los agentes irrumpieran en su oficina.

La agenda electrónica de Viloca, sostiene el ministerio público, revela frecuentes contactos y reuniones, en algunos casos "sistemáticas", del extesorero de CDC con empresarios adjudicatarios de obra pública, unos encuentros que según los investigadores coincidían temporalmente con la resolución de concursos para la concesión de los proyectos investigados.

En el registro del despacho de Viloca también se encontraron documentos relativos a la convocatoria de esos concursos de concesión de obra pública -tanto por parte de ayuntamientos como de la empresa GISA de la Generalitat- y datos sobre los donativos entregados a las fundaciones afines a CDC por parte de empresarios que se hicieron con las adjudicaciones investigadas.

En algunos casos, sostiene la Fiscalía, las donaciones a las funciones próximas a CDC se produjeron al día siguiente de las reuniones entre el extesorero y los empresarios investigados.

UN EMPRESARIO CONFIESA

Por otra parte, un empresario ha declarado en secreto ante el juez que instruye el conocido como caso del 3% que el expresidente de la Generalitat Artur Mas le dio instrucciones sobre pagos irregulares a Convergència en una reunión junto al exconsejero de Justicia Germà Gordó, según ha publicado hoy el diario El Mundo.

El caso investiga la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones ilegales.

Según la declaración del contratista relatada por el diario, este se reunió con Mas y Gordó en la sede del partido. Allí, el expresidente le habría dicho que tenía que seguir las instrucciones de Gordó sobre los pagos.

Más adelante, de acuerdo con la declaración del empresario, Gordó le recriminó estar haciendo pocas donaciones, lo que el primero consideró propio de un "chantaje".

Las cuentas del extesorero Osàcar

La investigación del llamado "caso del 3%" de presunta financiación ilegal de CDC detectó más de medio millón de euros en cuentas o depósitos en el extranjero vinculadas al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que la Fiscalía cree pueden ser "fruto de sus supuestas actividades ilícitas".

Así consta en dos informes, a los que ha tenido acceso Efe, que la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso para solicitarle que ordenara registros y las detenciones del propio Osàcar, del otro extesorero de CDC Andreu Viloca y de empresarios adjudicatarios de obra pública sospechosos de pagar mordidas a la formación nacionalista.

En sus informes, la Fiscalía detalla que de la documentación y soportes informáticos que la Guardia Civil se incautó en el despacho de Andreu Viloca se desprende que Osàcar siguió implicado "en el sistema de contactos entre CDC y empresarios, aún después de dejar de ocupar el puesto de tesorero" de la formación.

Osàcar, que figura como investigado en la causa del 3%, se sentará el próximo miércoles en el banquillo con motivo del juicio por el expolio del Palau de la Música, en el que la Fiscalía le pide una pena de siete años y medio de cárcel por su papel en el presunto pago de comisiones de la empresa Ferrovial a CDC a través de la entidad cultural cuando la dirigía Fèlix Millet.

Concretamente, los fiscales Anticorrupción del caso 3% aluden a un correo electrónico que Osàcar envió a Viloca en septiembre de 2011, que en el asunto lleva el nombre de un empresario y, en el cuerpo, el siguiente mensaje: "Confirma que vendrá el miércoles 21 a las 12,30, como le he pedido".

Los fiscales señalan además en sus informes "operaciones bancarias realizadas en el extranjero" por Daniel Osàcar, mientras era tesorero de CDC, entre ellas una inversión financiera fechada el 13 de mayo de 2009, que tiene como destino Luxemburgo.

Esa operación por valor de 55.000 euros, añaden los fiscales, ha sido reportada por la entidad Deutsche Bank, donde también el 9 de junio de 2006 se registró un ingreso "en efectivo o cheque bancario al portador por importe de 30.000 euros" en una cuenta vinculada a Osàcar.

Los fiscales señalan también un "movimiento de medios de pago" reportado por Caixa del Penedès en 2008, por valor de 522.776 euros.

"En ese sentido cabría reseñar la relevancia que pudiera tener el hecho de que el que fuera tesorero de CDC en ese momento dispusiera, que se sepa, de al menos 500.000 euros en cuentas o depósitos en el extranjero, por lo que no se descarta que dicha persona pueda tener dinero en el extranjero en la actualidad fruto de sus supuestas actividades ilícitas", mantiene la Fiscalía.