Los presidentes autonómicos del PP y algunos del PSOE, como la andaluza Susana Díaz, han expresado hoy su respaldo a las medidas acordadas desde instituciones del Estado para que se respete la legalidad en Cataluña ante el desafío independentista en Cataluña.

Los mensajes de apoyo han tenido lugar después de las detenciones de 14 personas, entre ellas, varios altos cargos de la Generalitat, y de registros en varias consellerías llevados a cabo por la Guardia Civil para frenar los preparativos del referéndum.

Las regiones gobernadas por el PP han brindado su respaldo sin fisuras a la macrooperación policial al considerar que lo que se hace es "cumplir la ley", como ha dicho la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

El gallego Alberto Núñez Feijóo ha opinado que "todas las decisiones del Estado de derecho contribuyen a calmar los ánimos", mientras que aquellas que son ilegales lo que hacen es "caldearlos".

Feijóo ha recordado que "no sorprendía" cuando la Guardia Civil o la Policía llevaba a cabo operaciones contra la corrupción en los últimos años, por lo que ha pedido no "sacar de contexto" que lo mismo ocurra en Cataluña ante el pulso independentista.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha aplaudido las detenciones con el fin de "restaurar el orden democrático en Cataluña" y poner coto al "espectáculo bochornoso" de los independentistas, mientras que el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, también del PP, ha apelado al cumplimiento de la Constitución y la legalidad vigente.

Entre los presidentes autonómicos del PSOE, ha habido división de opiniones. La andaluza Susana Díaz ha subrayado que "el Estado tiene la obligación de restablecer la ley desde el respeto escrupuloso a los órganos judiciales y a los poderes del Estado", al tiempo que ha hecho un llamamiento "a la serenidad y tranquilidad" en Cataluña.

En la misma línea se ha mostrado el aragonés Javier Lambán, quien se ha alineado con la acción del Estado ante lo que ha calificado de "sedición por parte de la Generalitat".

Según Lambán, ante la "quiebra" del Estado de derecho, las instituciones tienen que "estar detrás del Gobierno de España, apoyándolo en sus decisiones, que son las propias de un Gobierno que respeta la Constitución y que está además obligado a hacer respetarla a los demás".

En cambio, la presidenta balear, Francina Armengol, se ha mostrado crítica con las detenciones al asegurar que "se ha cruzado una línea roja" con la detención de cargos públicos. Armengol ha hecho hincapié en que en el caso de Cataluña, "no vale solo una solución judicial, ni una solución policial (...)".

"La salida es la política", ha sostenido la dirigente balear, quien ha pedido "cordura y responsabilidad" para evitar una "mayor ruptura social" en Cataluña, además de recuperar la capacidad de diálogo.

También ha apelado al "seny" el presidente valenciano, Ximo Puig, quien ha animado a "bajar el balón e intentar reconducir la situación", si bien ha dejado claro que "solo hay un camino, el de la ley y el diálogo".

En opinión de Puig, "la responsabilidad la tiene el Gobierno de la Generalitat catalana, que ha dado pasos adelante en el incumplimiento de la legislación", pero también ha reprochado la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy por no dar una respuesta política a la situación.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha discrepado de las detenciones tras preguntarse si "los poderes del Estado quieren apagar el supuesto fuego echando más leña o gasolina", al acusarles de ser los que "están llevando esto a un punto de no retorno".

"No puedo entender que una situación que necesita de un reconocimiento de la realidad, que demanda el diálogo y la negociación para la búsqueda de un acuerdo, se esté yendo de las manos como se está yendo", ha lamentado Urkullu.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho su portavoz en el Gobierno foral, María Solana, para quien "las actuaciones policiales no solventan las diferencias políticas".

Para Solana, la respuesta policial del Gobierno de Rajoy "está creando una alarma enorme", por lo que ha hecho un llamamiento a "la calma, el diálogo y la responsabilidad política".

Tras recordar que los cargos públicos deben cumplir con la Constitución, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha afirmado que "las cosas no pintan bien" y ha confiado en que "en esta locura, a alguien o a todos se les encienda una bombilla y se sienten a dialogar".