Europa Press, Barcelona
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió ayer a la Unión Europea "apadrinar" una mediación entre el gobierno catalán y el central para encontrar una solución al contencioso político entre Cataluña y el Estado.
También exigió ayer la retirada de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que el Gobierno central ha desplazado de forma extraordinaria a Cataluña ante la convocatoria del referéndum y los graves "actos de violencia" que protagonizaron contra ciudadanos que estaban en colegios electorales.
El presidente catalán consideró que este dispositivo policial está bajo sospecha tras la forma en la que actuó el domingo, y sostiene que, además, su retirada tendría otra ventaja y es que "ahorraría a los contribuyentes el enorme coste de la operación".
Argumentó que si este refuerzo policial vino por el 1 de octubre ese día ya ha pasado y, si vino por posibles problemas de orden público, considera que los catalanes demostraron este domingo que son un pueblo pacífico y que "desorden público no hubo". Puigdemont ha anunciado también que el Govern ha aprobado crear una comisión especial de investigación sobre la "brutalidad policial" de la Policía y la Guardia Civil en las cargas de este domingo contra los ciudadanos que estuvieron en los colegios electorales del 1-O.
En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat tras una reunión extraordinaria del Govern, expuso que un actor "internacional" debería sentar en una mesa de diálogo la parte catalana y la del Ejecutivo central para como, mínimo, restablecer la normalidad institucional en Cataluña.
"La UE tiene que dejar de mirar hacia otro lado", insistió el presidente catalán, que lamentó que la Unión no acepte aún la legalidad que él sí ve en el referéndum del 1-O, pero consideró que sí ha habido un cambio de tono de Europa tras ver las cargas policiales y sus consecuencias de este domingo.
No es la primera vez que el presidente catalán solicita esta mediación internacional, para la que asegura que "candidatos no faltan" -sin dar nombres-, pero esta vez consideró que su demanda sí puede ser escuchada tras las cargas policiales que se visualizaron el 1-O y la victoria del "sí".
"El momento aconseja mediación. Se tiene que poner fin a la violencia policial y se tienen que restituir las libertades. Se necesita un clima de distensión que favorezca que esta mediación sea leal ni sincera", reflexionó el presidente catalán.
Puigdemont entiende que no debería ser la propia UE quien mediara y por eso le pide que lo apadrine y no que lo asuma, y defiende que, si la Unión no juega este papel, el Gobierno central "difícilmente se sentirá invitado" a formar parte de este foro para resolver el conflicto.
Además, retó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aclarar si está dispuesto a ello: "Debería verbalizar si está dispuesto a lo mismo. Es tan fácil como decir sí. Si a mi me llaman, mañana mismo respondo y hacemos la reunión donde sea".
Pese a pedir esta mediación, el presidente catalán reiteró lo que ya dijo la medianoche del domingo y es que trasladará los resultados del referéndum al Parlament para que los aplique, es decir, para que proclame la independencia.
"Naturalmente que el referéndum es válido. Es un resultado vinculante y sobre este resultado tenemos el deber de tomar decisiones políticas", zanjó el presidente catalán, reivindicando que los 2,2 millones de personas que participaron tienen aún más mérito si se tienen en cuenta las cargas policiales.
Puigdemont explicó que prevén tener los resultados definitivos en dos días y recordó que la ley del referéndum -suspendida por el Tribunal Constitucional- fija que la independencia tiene que declararse como muy tarde 48 horas después de los resultados oficiales.
Sin embargo, consideró que debe ser el Parlament y no él quien se pronuncie sobre cuándo será el pleno y cómo se ejecutará desde la Cámara la independencia, por lo que no ha querido dar detalles ni tan siquiera de si será esta semana.
Puigdemont tampoco aclaró si, en caso de que la UE aceptara sus planes de apadrinar una mediación, él estaría dispuesto a retirar su apuesta de que el Parlament aplique los resultados y declare la independencia próximamente.
Bruselas advierte de que se puede salir de la UE
La Comisión Europea avisó ayer de nuevo a la Generalitat de Cataluña de que una hipotética independencia supondría salir de la Unión Europea y llamó al diálogo entre "todos los actores relevantes", al tiempo que subrayó que la violencia "nunca puede ser instrumento en política". En este sentido, mostró su confianza en el "liderazgo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para buscar una solución tras un referéndum que "no fue legal".
Bruselas subrayó que su posición general sobre la independencia de un territorio de un Estado miembro no ha variado en una década. "Si se organizara un referéndum en línea con la Constitución española supondría que un territorio saliente se encontraría fuera de la Unión Europea", dijo el portavoz Schinas. "Más allá de los aspectos puramente legales en este asunto, la Comisión cree que son tiempos de unidad y estabilidad, no de división y fragmentación", añadió.
Echan a 200 guardias civiles de un hotel
Más de 200 guardias civiles han denunciado que han sido obligados a dejar el hotel en el que se alojaban en Calella, a 50 kilómetros de Barcelona, un día después de participar en el operativo ordenado por el TSJC para impedir el referéndum de este domingo. El abogado Antonio Suárez Valdés presentará en nombre de los agentes afectados una querella contra la gerencia del Hotel Vila de Calella y el ayuntamiento de este municipio por un presunto delito de coacciones. La mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles también denunció estos hechos, señalando que "continúa y se recrudece el acoso contra los agentes en Cataluña por parte de los independentistas". Esta organización aseguró que son 250 los guardias civiles a los que en la mañana de ayer se les comunicó que tienen que dejar el establecimiento en el que llevaban varios días pernoctando. Según Valdés, la decisión se comunicó tras las "presiones sufridas en por entornos radicales que se manifestaron en la puerta del hotel".
CCOO y UGT de Cataluña se han desmarcado de la huelga general convocada por otros sindicatos para hoy y han pedido que las empresas pacten con sus empleados qué paros hacer durante el día para protestar contra las actuaciones policiales producidas el 1-O. En una comparecencia conjunta, el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, y su homólogo de UGT de Cataluña, Camil Ros, han remarcado que los paros que promueven son "de país" y que van directos a criticar las cargas policiales que han dejado más de 800 heridos.
"Organizamos una movilización en 48 horas para denunciar lo ocurrido, esto supera el debate de si se vota sí o se vota no", ha dicho Ros, y ha insistido en que es un tema de país al que se deben sumar cuantas más entidades mejor.
Los dos han coincidido en que estos paros no deben afectar ni a las empresas ni a los trabajadores, por lo que han emplazado a todas las partes a que negocien qué tipos de paros hacer y qué coste tendrán: "Queremos que se busquen fórmulas para que las partes participen en la movilización", destacó Pacheco.