El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado hoy que hay "graves irregularidades en el proceso" del máster cursado por Cristina Cifuentes, tal como lo han constatado los observadores de este organismo.
Fernández ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa sobre la investigación del máster que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), a la que ha apoyado en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado "indicios racionales de delito".
Ha manifestado que "no parece que las notas fueran las correctas, no aparece el trabajo ni parece que se hubiera hecho la defensa" del mismo, lo cual -ha dicho- es un conjunto de presunciones y de hipótesis que, si fueran confirmadas, supondrían una "grave irregularidad universitaria".
En una comparecencia en una sala abarrotada de periodistas en la sede de la CRUE, Fernández ha comparecido junto con los dos observadores externos nombrados por este organismo a petición de la URJC: el director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz.
Fernández ha destacado que en el curso de su intervención, los observadores no han hallado una parte de los documentos solicitados del expediente del máster de Derecho Público del Estado Autonómico, supuestamente realizado por Cifuentes.
Además, los observadores destacan que no se han efectuado la totalidad de comparecencias previstas, ya sea por petición de aplazamiento o por presentación de una excusa médica.
Estos comparecientes han sido el director del máster, Enrique Álvarez Conde; la directora del máster, Cecilia Rosado; la profesora del máster, Clara Souto, y la funcionaria de la URJC Amalia Calonge.
Los observadores, según Fernández, achacan toda esta falta de documentación a la interrupción del procedimiento de información reservada en la Universidad Rey Juan Carlos, decisión adoptada "al poner a disposición del Ministerio fiscal dicho expediente al haber encontrado indicios racionales de delito, evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial".
El presidente de la CRUE ha asegurado que aunque el rector de la URJC, Javier Ramos, pudo hacer unas primeras declaraciones "algo precipitadas", sí cree que ha sido acertada la apertura del expediente informativo y que la Universidad recurriera a la Fiscalía tras tener "fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente".
Y ha dicho además que la CRUE deplora y condena cualquier acto de irregularidad o de ilegalidad en la vida universitaria por ser impropio de una institución académica.
Ha defendido asimismo que el comportamiento de las universidades y sus universitarios han sido y es ejemplar"; ahora bien -ha reconocido-, como cualquier institución que alberga a miles de personas, es posible que se produzca alguna actuación incorrecta de forma puntual.
Fernández ha asegurado que si salen más casos serán investigados y ha hecho énfasis en que la honorabilidad y el buen hacer de los trabajadores de la URJC no pueden verse afectados por la presunta conducta irregular de alguno de sus miembros.
En este sentido, ha subrayado que "los títulos de sus miles de estudiantes tiene el mismo rigor académico y el prestigio de cualquier universidad española".
"Actualmente los hechos están ya en manos de la Justicia. Una vez dicte sentencia, estamos seguros de que el rectorado de la Universidad actuará en consecuencia ejecutándola y aplicándola en todos sus extremos y con la máxima contundencia", ha dicho Fernández.