Poner en marcha las 214 medidas del Pacto contra la Violencia de Género, cuya aplicación obligará a modificar varias leyes, será el principal reto al que tendrá que enfrentarse la nueva vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como titular del nuevo Ministerio de Igualdad.

La aplicación de las más de doscientas medidas del Pacto, que nació con el consenso de todas las fuerzas políticas, comunidades autónomas, ayuntamientos y sociedad civil, y con un compromiso económico de mil millones de euros en cinco años, conllevará, entre otras cosas, la modificación de 15 leyes.

La Ley Integral contra la Violencia de Género y las referidas a la Trata de Seres Humanos y la Violencia Sexual serán algunas de las normas que habrá que reformar, así como el Plan Estatal de Vivienda, entre otros.

Y la mayoría de los cambios requerirán un elevado consenso dado que de las medidas previstas en el Pacto, 122 son competencia estatal, diez autonómicas y 82 compartidas entre todas las administraciones.

Con el nombramiento de Calvo, la Igualdad vuelve a adquirir rango de Ministerio una década después de que se lo otorgara José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que se convirtió entonces en el centro de las críticas y burlas de la oposición pero cuya existencia y necesidad hoy casi nadie se atreve a cuestionar.

El primer Ministerio de Igualdad nació en abril de 2008; al frente se colocó a una joven y desconocida Bibiana Aído para afrontar tres retos principales: la aplicación de la Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el desarrollo y seguimiento de la Ley integral contra la violencia de género aprobada en 2004 y la promoción del empleo entre la población femenina.

Sobrevivió hasta octubre de 2010, cuando se convirtió, junto con el de Vivienda, en la víctima de los recortes que tuvo que aplicar en la remodelación de su gabinete el propio Zapatero, que redujo la Igualdad a la categoría de Secretaría de Estado, liderada también por Aído.

Ocho años después de su disolución, Pedro Sánchez lo recupera con la enorme diferencia de que este año las movilizaciones feministas han hecho historia; hace solo una década, la creación de esta cartera fue criticada hasta la saciedad y la exministra fue la principal diana de las chanzas y bromas de la oposición liderada por el PP.

Y es que los problemas a los que se enfrentó la entonces ministra más joven de la democracia apenas han variado, con algunos matices y avances.

Lo que su sucesora se encuentra ahora sobre la mesa es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sus dos doscientas medidas.

Otra de las promesas socialistas que deberá tratar de cumplir el resucitado departamento es rescatar la Ley del aborto de 2010, de la que Aído fue una de sus principales impulsoras y que el PP reformó en 2015 para instaurar la obligación de que las menores que interrumpan su embarazo cuenten con el consentimiento paterno.

La Igualdad, que para Calvo debe ser "constitucionalizada", pasa además por una ley que la garantice en el ámbito laboral.

De hecho, el PSOE registró el pasado 7 de marzo, víspera del multitudinario 8M, que sacó a millones de mujeres a las calles españolas, una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

En ella exige, entre otras cosas, cuotas femeninas en los consejos de administración de empresas cotizadas bajo infracciones por incumplimiento que podrían alcanzar los 50.000 euros, así como permisos parentales iguales e intransferibles, una medida que Podemos ya ha pedido al Gobierno de Sánchez que lleve a su primer Consejo de Ministros.