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Justicia asume que defender al juez Llarena es defender los intereses de España

Madrid, EFE
27/ago/18 10:11 AM
eldia.es
Dolores Delgado, ministra de Justicia./EUROPA PRESS

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado hoy claro que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En una entrevista en Radio Nacional, Delgado ha querido poner de manifiesto la "transparencia" que ha presidido toda la actuación del Ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de su exconsellers habían interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del "procés".

Tras enumerar todos los pasos que se han ido dando hasta el momento, Delgado ha sido tajante: "Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena".

"Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena", ha aseverado.

En espera de saber si el día 4 de septiembre tendrá que comparecer Llarena en Bélgica y si finalmente se admite la demanda, Delgado ha salido al paso de las críticas que se han vertido los últimos días al Gobierno, la titular de Justicia ha defendido la "línea constante" que ha mantenido el Ejecutivo y la "gran responsabilidad" con la que ha actuado.

Y ha reiterado que la posición de España ha sido siempre la de defender su soberanía jurisdiccional, desde que en torno al pasado 10 de julio el CGPJ informara de la demanda civil contra Llarena.

Ella misma y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, tomaron nota de la misiva del órgano de gobierno de los jueces y se pusieron en contacto con sus homólogos belgas, ha explicado Delgado, quien ha relatado que Llarena pidió amparo al CGPJ y el día 16 de agosto la Comisión Permanente del Consejo acordó comunicar la situación a los dos ministerios.

Además,el CGPJ les pidió que realizaran todo lo que estuviera en manos del Gobierno para mantener la integridad e impunidad jurisdiccional de España. "Inmediatamente" se pusieron a trabajar sobre esa demanda civil contra el honor de Llarena, pero "con un trasfondo que puede afectar a nuestra jurisdicción", ha añadido.

Delgado ha negado que existan varios informes de Justicia sobre el asunto. Lo que hay, ha subrayado, son diversos estudios de trabajo internos, que han ido variando a medida que se ha ido analizando la estrategia a seguir.

Y todo partiendo de la base de que se trata de un tribunal extranjero ordinario donde la Abogacía del Estado "no puede intervenir directamente", como sí podría si la demanda se instruyera en los tribunales internacionales de La Haya o Estrasburgo.

Por eso, España sólo puede intervenir en este caso a través de una representación letrada de Bélgica, ha precisado Delgado, quien ha aludido a un acuerdo suscrito en 2010 entre el CGPJ y el Ministerio según el cual los servicios del Estado darán protección jurídica a los jueces si, por ejemplo, se les ataca por hechos relativos a su función.

De todos modos, en este caso el CGPJ solo pidió a Justicia que adoptara medidas para "garantizar la integridad e inmunidad jurisdiccional" de España y en eso basó su trabajo, con "transparencia" y "al margen de cualquier intoxicación interesada" .

Así, y frente a las críticas, Delgado ha hecho hincapié en que no ha habido ningún cambio en el Gobierno, sino solo un estudio de cada una de las acciones para realizarlas "bien", aunque la titular de Justicia entiende que las asociaciones de jueces y fiscales y los ciudadanos hayan planteado sus dudas.

"Sí quiero decir que cada paso que ha dado el Ministerio, la Abogacía y todo el equipo ha sido comunicado", ha enfatizado.

Delgado se ha referido a la necesidad de contratar los servicios de un bufete belga, que está a la espera de la aprobación por parte de la Intervención General del Estado, a la vez que se trabaja para definir la mejor estrategia de defensa.

No se trata de una decisión política, sino técnica, con respeto a la jurisdicción belga, ha resaltado la ministra, quien ha precisado que Justicia trabaja con todos los escenarios posibles y con una "mirada de futuro".

Ha reconocido que en la demanda civil hay una parte referida a las declaraciones de Llarena, pero la mayor parte del procedimiento ser refiere al "procés".

"No vamos a transigir lo más mínimo", ha asegurado Delgado, quien ha negado que haya algún tipo de "fisura" entre la Abogacía del Estado y el Gobierno o ella misma.

Los jueces celebran el cambio de postura

La mayoría de las asociaciones judiciales celebran el "necesario" cambio de postura del Gobierno en relación a la contratación de un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Una actuación que, a ojos de la mayoría de las asociaciones, supone una "rectificación" de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés" pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.

Tras un fin de semana en el que distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como varios partidos políticos, hayan instado al Gobierno a asumir la defensa de Llarena, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, celebra que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España".

Y recuerda que la Abogacía del Estado ya defendió en varios informes la personación al entender que la demanda está sustentada en hechos relacionados con el ejercicio del cargo como juez y no en cuestiones privadas de Llarena.

Almenar subraya que la personación del Estado es un acto "obligado, necesario y urgente" y advierte de "los graves riesgos" que entrañaría no hacerlo.

Según el portavoz, el Estado solo puede alegar ante el tribunal belga que la demanda afecta a "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española" y no al juez a título personal antes de la vista del 4 de septiembre, a la que Llarena no está obligado a asistir personalmente; de ahí "la necesidad de que la personación fuese antes de ese día".

También celebran el "evidente" cambio de postura del Gobierno los portavoces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI), que lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.

Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, subraya a Efe la unidad de la mayoría de las asociaciones en este asunto, que se manifestaron a favor de la defensa de Llarena, mientras que Concepción Rodríguez (FJI) insiste en que "no se trata de asuntos particulares" del juez, sino que es algo que afecta al Estado en su conjunto.

La única que difiere de las demás es Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera que no ha habido un cambio de estrategia porque el Estado se iba a personar "en todo momento", si bien precisa que el Gobierno lo tenía que haber dicho "de manera muy clara" desde el principio.

En este punto, su portavoz, Ignacio González Vega, critica la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia hizo esa distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.

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