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La denuncia de Puigdemont contra Llarena parte de unas declaraciones mal traducidas

Madrid, Europa Press
28/ago/18 8:04 AM
eldia.es
El juez Pablo Llarena (d), en una imagen de archivo./EUROPA PRESS

La demanda civil que el expresidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se han falseado en la traducción.

Según avanzan este martes El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos allí.

El problema estaría, de acuerdo a ambos medios, en la traducción al francés de las citadas declaraciones, pues mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés que los abogados de los consellers la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.

"No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête", es decir: "Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados", tal y como recoge El Confidencial.

La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil.