El acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos contempla que en 2019 se modifique el Código Penal para frenar la violencia sexual de forma que "si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no". Según el texto, la falta de consentimiento expreso de la víctima "se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales".

El Gobierno y la formación morada han acordado que se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación.

Además, implicará la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de "agresiones sexuales", que comprenderá una serie de políticas públicas a la que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, al igual que ocurre con la violencia de género.