El proyecto presupuestario de 2019 mantiene el techo de gasto avanzado por el Gobierno -pese a que se ajusta a un déficit más restrictivo- gracias a un cambio en el sistema de liquidación de IVA de las empresas, que aportará unos 2.500 millones de euros adicionales al Estado este año.

Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto presupuestario aprobado hoy corrige el efecto de la aplicación del sistema de suministro inmediato de información (SII) de IVA, que desde 2017 retrasaba la fecha en que las empresas ingresan el impuesto.

Esto supuso que en el ejercicio 2017 sólo se recaudó un importe equivalente a once meses -ya que diciembre computó en 2018-, con la consiguiente merma de los ingresos tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Ahora, el Estado corrige esta situación, de manera que la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 2019 "equivale a 13 meses" -ha explicado la ministra- lo que supone unos 5.000 millones adicionales, que se reparten a partes iguales entre comunidades autónomas y administración central.

Los aproximadamente 2.500 millones que corresponden a la administración central, ha explicado Montero, se dedicarán en parte a compensar el impacto de tener que aplicar una senda de déficit más restrictiva de lo que pretendía el Gobierno -0,3 %, en lugar de 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en el caso de la administración central, ya que la flexibilización fue bloqueada por la mayoría absoluta del PP en el Senado-.

Así, el Ejecutivo ha mantenido el límite de gasto no financiero en 125.064 millones, un 4,4 % más que en 2018, que es la misma cifra que había informado en julio del pasado año.

Otra parte del aumento de recaudación por la modificación del SII se destinará a compensar la tardía entrada en vigor de las nuevas medidas fiscales, que no han empezado aún a aplicarse y, por tanto, no podrán lograr la recaudación prevista para el ejercicio completo.

En cuanto al ajuste que se ha tenido que realizar en las cuentas de la Seguridad Social para adaptarse al déficit restrictivo -0,9 % en lugar de 1,1 % del PIB-, Montero ha señalado que el Estado realizará una transferencia de 850 millones, a lo que ha añadido la mayor cotización de las bases máximas y de los autónomos.