La vulneración de derechos fundamentales, la supuesta criminalización de la protesta, la suspensión de los derechos políticos y la falta de imparcialidad del tribunal centraron las críticas a un "juicio excepcional" vertidas por las defensas de los doce acusados en el procés en su primera jornada.

Mientras que algunos abogados como el del exvicepresident Oriol Junqueras hizo referencia literal a "un juicio excepcional" -una idea sobre la que pivotó buena parte del resto de intervenciones- y a una causa "muy politizada por no decir política", otros como el del exconseller Joaquim Forn dejaron claro que se trata de "un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia".

Varios abogados alegaron que el proceso soberanista catalán ha derivado en numerosas causas penales, unas en Barcelona, otra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial de los Mossos y ésta en el Supremo.

Unos denunciaron la imposibilidad de acceder a la documentación de todas ellas; otros criticaron la división de la causa en dos (los miembros de la Mesa del Parlament serán juzgados en Cataluña), y otros que los altos mandos de los Mossos sean juzgados en la Audiencia Nacional cuando su superior, el exconseller Joaquim Forn está acusado en el Supremo.

La defensa de Carme Forcadell puso encima de la mesa la desigualdad entre los diferentes procesados en la causa derivada del hecho de que algunos de ellos, como Carles Puigdemont, se encuentran en libertad huidos de la Justicia mientras que otros están en prisión y van a ser juzgados por el Supremo: "Hay personas a las que no se persigue y otras llevan más de un año en prisión".

El abogado de Oriol Junqueras señaló que "la causa atenta contra la disidencia política" y se articula desde "el lado oscuro del derecho penal democrático".

También denunciaron algunos de los letrados "la criminalización del discurso político" de los acusados por considerarlos "traidores a la patria" y acusarlos de cuestiones de naturaleza política.

Cargaron, asismismo, contra el Tribunal Supremo por endewr que ha cercenado investiduras o votaciones en el Parlament y buscado sacar de la arena política al anterior Govern. Algunos calificaron la causa de "un atentado a los derechos políticos".

Las defensas sostuvieron que la causa, en la que "se habla de esos sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña", penaliza y atenta al derecho a protestar, pues "lo que hacen los catalanes es protestar".

Dicen que "50 de las 127 páginas del escrito de acusación de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos".

Prácticamente todas las defensas acusaron al Supremo de parcialidad. A cuatro de los jueces del tribunal por participar en la Sala que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía.

Afirmaron, además, que esta causa "criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos" , y la gran mayoría de los abogados solicitaron la suspensión del juicio, en tanto en cuanto no dispongan de todas las pruebas y documentos correspondientes.

JUICIO EN EL TRIBUNAL SUPREMO POR EL 1-0

REACCIONES

Alejandro Fernández

PRESIDENTE DEL PP CATALáN

"Los encausados tendrán un juicio justo"

Garantizó que los líderes independentistas encausados tendrán un "juicio justo" porque defendió que España es uno de los motores de Europa y una de las democracias plenas del mundo. Aseguró que su partido acatará la sentencia sea la que sea porque así es lo pertinente en una democracia.

Adolfo Suárez Illana

HIJO DEL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Un golpe de Estado peor que el del 23-F"

Manifestó que las actuaciones de los independentistas en el procés catalán suponen "un golpe de Estado más perverso que el del 23-F, porque lo dan personas que han sido elegidas por un pueblo para ejercer las funciones de dirección" del mismo con "un juramento de acatamiento a la Constitución".

Benet Salellas

ABOGADO DE JORDI CUIXART

"Una derrota colectiva a la sociedad española"

Advirtió al tribunal que le juzga por su participación en el proceso independentista catalán que este procedimiento supone una "derrota colectiva de la sociedad española" porque "se opone a la esencia propia del Estado de Derecho" y "criminaliza" derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión.

María José Montero

MINISTRA DE HACIENDA

"No aceptaremos la autodeterminación"

Con motivo del juicio contra doce líderes soberanistas, aseguró que el Gobierno central "no va a ceder a ningún chantaje" ni aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Jyrki Katainen

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIóN EUROPEA

"No queremos politizar la situación"

Señaló que "no queremos politizar la situación, damos pleno apoyo a las instituciones legales y democráticas y al orden constitucional del país", señaló en la sede del Parlamento europeo en Estrasburgo (Francia).

Carles Puigdemont

EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT

"Una prueba de estrés para la democracia"

Consideró que el juicio a los líderes independentistas, es una "prueba de estrés para la democracia española" y para su sistema judicial.