La Fiscalía pidió ayer tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.

El Ministerio Público consideró que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El fiscal pidió 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado.

El fiscal solicitó para ella una pena inferior a la de Cifuentes, en buena medida porque había reconocido los hechos y, fundamentalmente, porque colaboró en la investigación.

Del mismo modo, imputó a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, como coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión, mientras que a María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, le solicita otros tres años y tres meses de cárcel.

Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con el claustro de profesores, con el rector y también con el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas "con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a los que esta accedió, añadió la Fiscalía.

Así, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Todo ello, continuó el fiscal, para acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.