La Fiscalía pidió ayer al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que deduzca testimonio de la declaración como testigo del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para que un juzgado ordinario investigue si ha podido mentir durante su comparecencia y cometer así un delito de falso testimonio.

Así lo solicitó el fiscal Jaime Moreno después de interrumpir su interrogatorio al testigo, ya que éste aseguraba no saber nada acerca de la campaña publicitaria conocida como de las vías del tren que llamaba al voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017 ni cómo se pagó, a pesar de que el representante del Ministerio Público le ha hablado de dos facturas y de que otros testigos le señalaron en instrucción.

El interrogatorio a Mestre versó sobre las campañas publicitarias y material propagandístico del referéndum como carteles o folletos que se difundió en las semanas anteriores al 1-O.

El testigo confirmó trabajos de difusión en internet y la contratación de diseñadores para las campañas del registro de catalanes en el exterior y la denominada Civisme. Eso sí, afirmó que en todos estos casos el trabajo se hizo, pero las facturas no se pagaron.

"No han cobrado" y "tampoco se pagó" fueron algunas de las respuestas aportadas por el testigo, provocando la extrañeza cada vez mayor del fiscal.

Éste quiso saber si las empresas contratadas no reclamaron su dinero por un trabajo ya realizado y en la mayoría de ocasiones Mestre aseguró desconocerlo, pero en una ocasión, sobre una factura de más de 80.000 euros, llegó a afirmar que no lo han hecho. "¿Les perdonó 80.000 euros?", inquirió Moreno, sorprendido. "Puede ser", replicó Mestre.

La exasperación del fiscal llegó cuando sus preguntas incidieron en la campaña Civisme. Mestre indicó que su propósito era "promover valores democráticos en la sociedad" y señaló a su jefe, Antoni Molons, como el responsable de promoverla.

Sin embargo, también aseguró que, finalmente, el concurso público quedó desierto.

El exjefe del Diplocat, Albert Royo, reconoció ayer que su entidad pagó los viajes de parlamentarios europeos que se desplazaron a Cataluña en los días previos al 1-O, pero negó que lo hicieran en calidad de "observadores internacionales" para supervisarlo, pese a que la Generalitat les presentó así.

Royo, que declaró como testigo en el juicio del procés, era el secretario general de Diplocat, una entidad que se ha desvinculado funcional y jerárquicamente de la Generalitat y de cualquier acto que tuviese que ver con el referéndum: "Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo relacionado ningún referéndum".

Sí reconoció que Diplocat pagó una factura de 40.591 euros a "visitantes internacionales" que viajaron a Cataluña en los días previos al 1-O, pero dejando claro que no eran observadores internacionales.