El CGPJ deja para los nuevos vocales valorar la ley que otorga la instrucción a los fiscales

Los veinte nuevos vocales que tomarán posesión de sus sillones en el Consejo General del Poder Judicial durante las próximas semanas no solo tienen ante ellos la complicada (y urgente) tarea de nombrar a las juezas y jueces que ocuparán el casi centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial --26 de ellas en el Tribunal Supremo--, sino que también heredarán de los miembros salientes de este órgano el análisis y aprobación del preceptivo informe sobre el Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que será la que otorgue a los fiscales la instrucción de las causas penales.

El Pleno del Consejo celebrado este jueves, uno de los últimos que ha reunido a los vocales designados en diciembre de 2013, se ha limitado a tomar conocimiento de los trabajos desarrollados hasta el momento, peor no los ha sometido a votación. Fuentes del órgano consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA explican que no les parecía "adecuado" aprobarlo ahora para su remisión al Consejo de Ministros, dada su actual situación de interinidad y la importancia y calado del proyecto.

El informe fue requerido con urgencia por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a principios del pasado mes de abril, tras reconocer públicamente en un Consejo de Ministros celebrado semanas antes su intención de impulsar la reforma, un asunto estrella que revolucionará la forma de investigar delitos en España --para asemejarla a los países de nuestro entorno--y que su antecesora en el cargo, Pilar Llop, mantenía guardado en un cajón.

El informe ya realizado, de carácter muy técnico, consta de 580 páginas en el que llevan trabajando desde febrero de 2021 los vocales Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, José Antonio Ballestero y los ya ausentes Rafael Mozo y Concepción Sáez, a los que se suma Juan Manuel Fernández, que ha redactado además un segundo texto de consideraciones generales junto con Juan Martínez Noya. En términos generales, se da luz verde a que la instrucción la dirija Fiscalía pero con una reforma del Estatuto Fiscal que garantice su independencia

Pero ¿Qué ocurrirá a partir de ahora con ese trabajo? Según los vocales consultados, la labor del actual Consejo no vincula en absoluto a los nuevos integrantes del órgano, que pueden elaborar su propio análisis, aunque dada la solvencia técnica del informe realizado confían en que puedan utilizarlo de algún modo. La decisión adoptada por el Pleno contó con la oposición del vocal designado por el PSOE Álvaro Cuesta, que pidió informe se abordara a fondo y con votacion para poder remitirlo ya al Gobierno y a las Cortes, si bien su propuesta no fue secundada, según las fuentes consultadas.

El informe ahora realizado, que puede servir para modificar el Anteproyecto elaborado en su día por el Ministerio de Juan Carlos Campo, concluye que "la atribución al fiscal de la dirección de la investigación penal, estatuyendo mecanismos de control judicial y de garantía de derechos fundamentales, entra dentro de lo constitucionalmente posible". Como ejemplo, apunta "no parece que se ciernan dudas de inconstitucionalidad sobre las competencias instructoras del Ministerio Fiscal en la jurisdicción de menores", que ya es de competencia.

La clave, la autonomía de los fiscales.

No obstante, matiza que esté nuevo modelo procesal penal en el que la Fiscalía es "la clave de bóveda de la fase de instrucción" sólo puede ponerse en marcha si con carácter previo "se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio público".

Precisamente la necesidad de reformar el Estatuto de los Fiscales llevó al fiscal general del Estado a abrir a toda la carrera el debate sobre este asunto, creando un grupo de trabajo del que se han desvinculado asociaciones de carácter minoritario en protesta por la gestión de la fiscalía general por parte del propio Álvaro Ortiz y su delicada situación tras la querella por parte de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que pude llevarle ante el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. La asociación mayoritaria de Fiscales, tras amagar con un plante, finalmente no se decidió a cumplirlo

Además del informe general este jueves se ha conocido el segundo escrito de "consideraciones generales" elaborado por los vocales del sector conservador Fernández y Martínez Moya, que incide en rechazar la aprobación de una ley de reforma procesal que atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal "sin haber hecho previamente los cambios necesarios en su Estatuto Orgánico".