La mayoritaria oposición en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, formada por los ediles de AISU y los seis concejales rebeldes del PP, movió ayer ficha en la complicada partida política que se juega desde agosto en el Consistorio norteño. La oposición hizo valer su mayoría para devolver al Pleno competencias de la Junta de Gobierno como la petición o concesión de subvenciones, o la firma de convenios con otras administraciones públicas o entidades. En pocas palabras: más poder para la oposición a costa del gobierno municipal de Milagros Pérez (PP), Tamara Medina (PP) y Víctor Hernández Barroso (PSC).
La alcaldesa aseguró que esta decisión ralentizará el funcionamiento del ayuntamiento y pondrá en riesgo subvenciones y convenios. Tanto los exediles del gobierno como AISU negaron que su intención sea boicotear la acción de gobierno y aseguraron que están dispuestos a acudir a todos los plenos extraordinarios que sean necesarios para garantizar la acción de gobierno "sin cobrar dietas por asistencia". El popular Valentín Correa indicó que su objetivo es "lograr una gestión municipal más democrática".
Dietas para Cáritas
Juan Jorge Afonso (PP) también aseguró ayer que los seis exmiembros del gobierno municipal no van a embolsarse las dietas por el pleno de ayer, de unos 250 euros por edil, sino que las donarán a Cáritas de Santa Úrsula.
La sesión, de nuevo marcada por la afluencia de unas 200 personas, también incluyó la comparecencia de Barroso para responder a casi una treintena de preguntas relacionadas con su gestión.
Los excompañeros de gobierno de la alcaldesa también solicitaron que respondiera a preguntas sobre su gestión, pero Pérez pospuso su intervención al próximo pleno ordinario, "al amparo de la ley".
En la sesión se dio cuenta, además, de la auditoría de gestión de 2011 y de las medidas del plan de ajuste, que ya han permitido ahorrar unos 103.000 euros este año.