Raúl Sánchez, Santa Úrsula
Las contrataciones que la Fiscalía Provincial considera ilegales y ha incluido en su denuncia contra la alcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), y el primer teniente de alcalde y edil de Cultura, Urbanismo y Servicios Sociales, Víctor Hernández Barroso (PSC), costaron al ayuntamiento más de 170.000 euros, según se desprende del contenido de la denuncia de la fiscal María Farnés. Esta cifra es solo orientativa, ya que no incluye ni el coste de las liquidaciones de los trabajadores ni algunas mensualidades recibidas.
La denuncia, remitida este mes al juzgado decano de La Orotava por un presunto delito continuado de prevaricación , subraya que del análisis de la documentación enviada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula a la Fiscalía se desprende la existencia de "diversas contrataciones sin pasar por el proceso selectivo legalmente establecido, basado en los principios de mérito, capacidad y publicidad, que establece la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público".
En la denuncia se ponen en cuestión nueve contrataciones aprobadas por decretos de la alcaldesa, Milagros Pérez (PP), y otras tres contrataciones decididas directamente por el edil Víctor H. Barroso (PSC). Además, se duda de la legalidad de una docena de facturas valoradas en unos 42.800 euros, que permitieron al consistorio contratar servicios con una empresa de trabajo temporal (Addecco) y varios particulares.
Respecto a las cuatro facturas abonadas a esta empresa de trabajo temporal, que suman unos 33.000 euros, la Fiscalía señala que el interventor hizo constar en sus informes su oposición al pago, "ya que podría dar lugar a una cesión ilegal de trabajadores, prohibida por el ordenamiento jurídico". A través de Addecco, el ayuntamiento contrató temporalmente a seis personas.
Además, la fiscal pone en duda la legalidad de las seis facturas presentadas por la misma persona por realizar labores de apoyo en el área de Agricultura y Medio Ambiente, con un importe total de unos 8.000 euros. Y otras dos facturas de menor cuantía cobradas por otros dos particulares.
La Fiscalía considera irregulares las contrataciones temporales de un pedagogo, con un salario mensual de 1.800 euros; una técnico en psicomotricidad, con un sueldo de 1.735 euros, que fue contratada dos veces; un capataz agrícola y formador de formadores, con un sueldo de 1.711 euros, que también fue contratado una segunda vez; dos diseñadores gráficos, con salarios de 1.476 euros; una auxiliar administrativo, con un sueldo de 2.400 euros; un relaciones públicas, con un sueldo de 1.250 euros; un ingeniero industrial, con una nómina de 2.300 euros, y una técnico del área de Obras y Servicios, con un sueldo de 1.636 euros, también beneficiaria de un segundo contrato a la finalización del primero.