Un error en la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Puerto de la Cruz, detectado y reconocido por los propios técnicos, ha impedido que, desde su aprobación de forma inicial el 11 de mayo de 2011, se hayan podido otorgar licencias comerciales a cuatro potenciales empresarios interesados en abrir nuevas pymes en locales de la calle Mequinez que, al ser edificados con el pertinente permiso, sí estaban previstos para ese uso económico.

La situación cobró tintes un tanto surrealistas al principio, cuando los afectados recibieron un primer escrito municipal, en respuesta a su petición de acceder a la licencia comercial, en el que se les indicaba que esa zona estaba catalogada en el Plan como "residencial intensivo", por lo que no cabía el uso comercial pretendido. Esto chocaba de forma frontal con la licencia otorgada en su momento al propio edificio, algunos de ellos nuevos y creados hace pocos años, que respaldaba la existencia de locales en los bajos para destinarlos a uso comercial. De hecho, en esa respuesta, el jefe de servicio lo reconoce como "local".

Ante lo ocurrido, que fue detectado por los técnicos el pasado 21 de julio, el ayuntamiento ha decidido emitir una resolución a estos afectados para notificarles que pueden seguir con el proceso administrativo de la licencia, si bien no contarán con ella hasta que el pleno modifique el documento elaborado por María Luisa Cerrillos en esta zona.

El edil del área, Lope Afonso, señaló ayer a EL DÍA que el gobierno pretende que ese cambio se introduzca en el pleno de febrero. Según recalca, han intentado minimizar al máximo este problema porque, precisamente por la crisis, su gran obsesión pasa por facilitar la apertura de pymes.

En este sentido, remarca que, este lunes, el pleno prevé cambiar la ordenanza de edificación para poder regularizar todos los comercios ("decenas") que se ubican en sótanos o semisótanos (despachos de profesionales, venta al menor, clase de danza, yoga...) y que no cuentan con licencia, así como aplicar cuanto antes la directiva Bolkestein para agilizar al máximo los trámites de apertura.