El juicio por la construcción del centro comercial El Trompo, en el municipio tinerfeño de La Orotava será el 16 de junio, ha explicado hoy José Manuel Hernández, quien era portavoz de Iniciativa por La Orotava (IpO), partido que en 2002 denunció que las obras eran irregulares.

José Manuel Hernández hizo estas manifestaciones después de que los abogados de los acusados, el exalcalde Isaac Valencia, el empresario Ambrosio Jiménez y el secretario municipal Juan Carlos de Tomás Martí, se reuniesen con la fiscal y el abogado que representa a la acusación.

Tras la reunión José Manuel Hernández indicó que hasta la fecha del juicio se negociará si los acusados aceptan la culpabilidad de las actuaciones a cambio de que se rebaje la pena de prisión que pide la fiscal, además de ser inhabilitados para cargo público y derribar parte de lo construido.

La fiscal pide 3,5 años de prisión para los acusados y lo que se negocia es que si aceptan la culpabilidad rebajar esa petición a dos años para que no entren a prisión, comentó José Manuel Hernández, quien añadió que para Iniciativa por La Orotava el acuerdo sería una victoria del interés general de los ciudadanos.

Insistió José Manuel Hernández en recordar que el centro comercial El Trompo, que ocupa una superficie de en torno a 20.000 metros cuadrados, comenzó a construirse en suelo rústico, y destacó que parte del mismo aún no se ajusta al planeamiento, a pesar de que este se cambió una vez comenzaron los trabajos.

Por ello en la posibilidad de acuerdo se plantea la demolición de parte del edificio.

José Manuel Hernández señaló que el 16 de junio comenzará el juicio, si bien es posible que ese día haya un acuerdo y no se celebren más vistas.

IpO ha recordado por medio de un comunicado que este caso se inició en 2002, cuando ese grupo político municipal en el Ayuntamiento de La Orotava detectó el inicio de la construcción de un gran edificio en la zona de Las Arenas, de más de 20.000 metros cuadrados.

El grupo municipal denunció que el edificio se ejecutaba sin licencia de ningún tipo y sobre un suelo calificado como rústico potencialmente productivo en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente en esos momentos.