La mayoritaria oposición logró el pasado día 2 que el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla acordara designar abogado y procurador para que el consistorio siga personado, como acusación particular, en la causa judicial abierta contra la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSOE), y el edil Cayetano Silva (PSOE) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sin embargo, la decisión final de seguir personados o no en la causa corresponderá a la junta de gobierno (PSOE), que ya ha solicitado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre esta posibilidad.

La oposición celebra lo que considera una victoria en el pleno extraordinario para designar defensores del ayuntamiento en el juicio. La convocatoria fue una iniciativa de AIS-CC, AUP-Sí Se Puede, Partido Popular y Vecinos por Tenerife-Ciudadanos Centro Democrático, que ya había convocado otro pleno para el mismo fin, el 16 de noviembre, aunque lo abandonaron como señal de protesta por la limitación de las intervenciones de los portavoces del grupo mixto.

El acuerdo considera "de interés municipal que el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla continúe como acusación particular" en el caso, y que inste al órgano competente a designar la representación del ayuntamiento en un abogado y un procurador y que comunique esta decisión al Juzgado de Instrucción Número 5 de La Orotava, para que se incorpore al procedimiento abreviado 1627/2014.

La alcaldesa socialista insistió ayer a EL DÍA en que "esa decisión depende de la junta de gobierno local", no del pleno, y que antes de tomarla "se ha solicitado un nuevo informe jurídico". A su juicio, "esto es una cortina de humo que pretende lanzar la oposición para que la ciudadanía no preste atención a lo verdaderamente importante: que la oposición tiene bloqueado el presupuesto de 2018 y el plan de inversiones".

La causa judicial contra Velázquez y Silva está pendiente de apertura de juicio oral o archivo por la donación de la imagen corporativa del ayuntamiento por parte de uno de los hijos de la alcaldesa; un decreto de pago de trabajos extraordinarios a personal municipal que, según Velázquez, "nunca llegó a ejecutarse", y el pago de una indemnización de 4.220 euros al medianero de una finca que adquirió el ayuntamiento.