¿Aguantará la Constitución?

El patio se ha complicado sobremanera: ya no se trata de que el país hierva por todas sus costuras. Se trata fundamentalmente de que no existe hoy ningún puente común entre los partidos que tradicionalmente se han venido definiendo como constitucionalistas.

En el Congreso de momento de los Diputados –de momento porque van a cambiarle el nombre por poco inclusivo, y tendremos pronto un Congreso más Barbie– sólo sostienen la Constitución del 78 el PP, que estuvo bastante más tibio que otros al apoyarla en el 78, cuando el PP era Alianza Popular y el patrón era Fraga, y también esa diputada huérfana de padre constitucional y madre regionalista que es Cristina Valido. Vox también defiende de boquilla la Constitución, pero sólo cuando sirve para atizar con ella en la cabeza a otros nacionalistas. No hay nada en la práctica que resulte más antinacionalista que un nacionalista que pelea por la nación en el mismo espacio. Es cierto que también el PSOE defiende de boquilla la Constitución, y hasta hace no tanto era su principal valedor en Las Cortes y en la sociedad española. Jamás se le ha escuchado a Sánchez ciscarse en ella como un Puigdemont cualquiera, pero cuando se trata de aplicarla andan en el PSOE un poco dados a la flojera, quizá para que no se indispongan mucho sus socios declaradamente anticonstitucionales.

Han acabado los socialistas por defender una ley que no cabe en la Constitución –la de Amnistía– porque sin ella no podría gobernar su señorito. Se han dejado llevar por un discurso muy poco constitucional en el cuestionamiento de la aplicación del artículo 155 –que Sánchez defendió apasionadamente, con la misma fiereza con la que hoy defiende al ex ministro Illa, por ejemplo–, en el coqueteo más bien perverso con el concepto de lawfare, y en la ocupación en absoluto simbólica de tooooodas las instancias del Estado y afines, desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía, desde el Consejo de Estado al Tribunal de Cuentas, pasando por el CIS, Aena, Transparencia, Renfe, la Comisión Nacional de la Competencia, el SEPE, el SEPI, el CSIC, EFE, Indra, Navantia, Correos y el resto de las empresas públicas. La última ocupación ha sido la sorprendente y guerrillera operación de colocar a una militante del PSOE al frente de RTVE, para «garantizar la independencia del Ente», y firmar pronto el contrato hipervitaminado del espécimen Broncano, que es de La Resistencia y por tanto del sindicato de Sánchez, y lo quieren en la tele parándole las patas a las hormigas de Pablo Motos, que se le han vuelto de derechas.

Uno diría que esta ocupación de todo lo ocupable no está muy de acuerdo con el espíritu de la Constitución, pero supongo que habrá quien crea que esto es política, y que la política es esto. La cosa es que dejando a los indepes al margen (ya se sitúan ellos completamente fuera), y a Podemos y Sumar en tierra de nadie, la cosa está a la espera de las elecciones vascas –21 de abril– y catalanas –12 de mayo–, donde cabe que ganen por suma los indepes, y tengamos el inicio de una implosión del sistema del 78.

No es política ficción, es una posibilidad real: la ausencia de una defensa cabal del sistema, que cuente con el apoyo cerrado de los dos grandes partidos de ámbito nacional, va a facilitar que el discurso de los vencedores en las elecciones regionales encuentre eco en una Europa que tampoco ha tratado tan mal a los golpistas: les ha dado amparo judicial, ha protegido sus derechos parlamentarios, y les ha proporcionado cobijo y altavoz. A fin de cuentas, lo que defienden no es la independencia de Baviera o Córcega.

El independentismo volverá a la carga, por una de dos vías: una es la posibilidad –difícil pero no imposible, especialmente en Cataluña– de que las mayorías independentistas lleguen en País Vasco y el Principado a formar gobierno y asumir el rol de Estados dentro del Estado. Tendremos años de tensión centrífuga y de discursos antiespañoles en Bruselas y Estrasburgo, pagados con el dinero del cupo y del pacto fiscal. La otra opción –tan o más peligrosa que la primera– es la formación de gobiernos integrados por fuerzas independentistas y un PSOE cautivo por la necesidad inevitable de apoyo indepe a la gobernanza de Sánchez. Esa segunda hipótesis nos lleva desde la convocatoria de un referéndum unilateral y condenable a uno que podría llegar a ser apoyado por el PSOE, en aras de la concordia y blablablá… Sobran precedentes para pensar que no es imposible.

De momento, con elecciones de por medio, el PSOE ha optado por impugnar la renovada pretensión del Parlament de volver a declarar la independencia ante el Constitucional. Es obvio que el tribunal árbitro en esta partida sobre la Constitución dirá que nones, pero luego dirá que vale cuando se trate de validar la ley que perdona todos los delitos que tengan que ver con la independencia. Con un tribunal tan flexible, proteger la Constitución nos va a resultar difícil.

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