Un absoluto desastre

Los sindicatos docentes de Canarias han reconocido el desastre que ha supuesto la baremación para la estabilización del profesorado isleño: el 53 por ciento de todas las plazas sacadas a concurso en las islas –2.048 de las 3.874 ofertadas– han sido adjudicadas a profesores que no imparten enseñanza en Canarias.

Los sindicatos –muy conciliadores frente al decreto ministerial que sostiene esta baremación, con la excepción de UGT, que sí fue beligerante ante la entrega al Ministerio de la exconsejera Manuela Armas en este asunto– insisten en confiar en que los interinos no pierdan sus puestos de trabajo. Esperan que la cantidad de alegaciones impida que el acceso a las plazas se produzca el próximo curso y haya que esperar al siguiente, y que entre este curso y el próximo se jubilen casi dos mil profesores, por lo que se podrían convocar nuevas plazas para evitar que la gente se quede en la calle sin trabajo.

Ojalá ocurra así, pero los sindicatos son también responsables de lo ocurrido: por motivos probablemente ideológicos o por falta de diligencia o pesebrismo, optaron por apoyar la docilidad ministerial de la Consejería en un asunto donde casi todo se ha hecho mal.

La cosa empezó convocando un concurso nacional, exigido por la Unión Europea, dentro de su política de acabar con el interinaje, para lograr la estabilización del profesorado. Para que ese proceso sea justo deben cumplirse varios requisitos. Que puedan participar todos los afectados; que se valoren sólo los méritos específicos de la materia que se ha ejercido y por la que se opta a la permanencia; que esos méritos se baremen con criterios comunes; y que a los tribunales evaluadores de esos méritos se les pueda exigir responsabilidad por sus actuaciones. El primer requisito, el de participación nacional, se cumplió, pero se adulteró incorporando requisitos exclusivos en algunas regiones, como el dominio del catalán, el gallego, el vasco, el balear o valenciano, rompiendo el principio de igualdad. No se compite en las mismas condiciones si los requisitos son distintos: incluso aceptando que para enseñar en Cataluña haya que saber catalán, para que el proceso sea equitativo se debe participar en igualdad de condiciones. Compensemos a los canarios con tantos puntos, por ejemplo, por haber impartido clases en Canarias, como se compensa a los que hablan catalán porque han nacido en Cataluña. ¿Se hizo ese emparejamiento previo? No se hizo, y así todo el proceso si inicia viciado, imperfecto e injusto.

Además, otras regiones, más prudentes o astutas que Canarias, sacaron pocas plazas, reduciendo la demanda, mientras Canarias se lució sacándolas todas, provocando un efecto llamada: playas + sol + muchas plazas = montones de participantes que se pasaron aquí unos días de vacaciones. Los canarios no compiten fuera por motivos idiosincráticos y culturales, pero también porque cuesta muy caro: el decreto no tuvo en ningún momento en cuenta lo que supone en tiempo y gastos a los canarios competir por plazas de fuera. Lo razonable habría sido que las materias y el número de plazas que se oferten sean iguales o proporcionales, para así también equilibrar las posibilidades. Que se saquen todas las plazas, o la mitad o un tercio, pero que en todos los territorios se resuelva de igual manera. ¿Ha ocurrido así? Tampoco. Unas regiones –Canarias entre ellas, así de listos somos– sacaron todas o casi todas las plazas de golpe, y otras muy pocas.

También, muchos concursantes canarios se quejan de que han sido injustamente baremados, siempre a la baja, frente a la generosa baremación que han recibido los de otras regiones, haciendo aún más injusto el proceso. Esta vez no es victimismo: pueda incluso aceptarse menor preparación de nuestros profesores, pero es evidente que aquí vinieron los que no lograron plaza en su región, los que quedaron los últimos, y así y todo desplazaron a miles de profesores canarios. Los que han venido a Canarias no son los que han reunido más méritos, sino los que quedaron a la cola. ¿Son peores todos nuestros profesores que los peores de otras regiones? No lo creo. Pero si no lo son… ¿Cómo se explica que se haya desplazado a tantos canarios? ¿No es más probable que no se hayan aplicado las mismas normas en todas las regiones? ¿Se habrá baremado con distintos criterios, generosos unos y restrictivos otros? Es más que probable.

Al final, los que se colocan en lugar de los de aquí son los que no han podido consolidar plaza en su región. Desplazan a los interinos locales, y apenas consigan traslado, regresarán a su tierra, con lo que en lugar de lograr el objetivo planteado por la Unión Europea –consolidar personal–, se desconsolida al docente, se trasiega el profesorado y se descontrola y desorienta a los alumnos con cambios bruscos de sus maestros.

Por eso esto ha sido un absoluto desastre.

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