La regeneración del rey desnudo

¿Es legítimo que un Gobierno cambie la legislación que le molesta? Sí, lo es, aunque en los últimos años el abuso de modificaciones en las leyes, el exceso de coyunturalidad a la hora de abordar cambios legislativos, ha creado bastante confusión sobre la legitimidad de esos cambios. Y por supuesto, sobre su moralidad. La moral es –desde Kant- una percepción privada, algo por tanto ajeno al derecho, pero el discurso está cambiando a una velocidad vertiginosa: hoy hablamos de una moral pública, igual que hacíamos durante el franquismo, por citar sólo una época cercana. La tendencia actual es exigir que todos respondamos a la moral de las mayorías, sea eso lo que sea, y es esa supuesta moral cambiante de las cambiantes mayorías, la que produce continuas adaptaciones de las leyes.

El PSOE y Sumar anunciaron ayer su decisión de reformar la llamada ‘ley mordaza’, y también el Código Penal, en asuntos relativos a la libertad de expresión: Yolanda Díaz anunció ayer que se derogará la ley mordaza, aunque eso no es cierto. Lo que se hará es introducir cambios en la ley, aprobada hace una década, con la intención es suprimir delitos que no encajan ya con la moral del Gobierno, como el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, o los delitos de injurias contra la Corona, contra el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional y el Ejército. Injuriar a las instituciones del Estado no será perseguible penalmente. Se intentó que esa decisión prosperara ya en la pasada legislatura, cuando Díaz convenció al PSOE para apoyar la propuesta de Podemos, Bildu y Esquerra que despenalizaba el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, y el ultraje a la bandera y al himno de España. La propuesta no prosperó, por diferencias del PSOE con Esquerra y Bildu en su redacción final. Ahora se plantea de nuevo, en el contexto de las medidas de regeneración democrática que Sánchez anunciará hoy en el Congreso. Viene a ser la cuota a pagar por el PSOE para conseguir que sus socios y aliados apoyen el plan de regeneración democrática que Sánchez ideó tras aquellos cinco días de retiro espiritual, en los que reflexionó sobre su continuidad o abandono al frente del país. Fue esa reflexión la que nos trae directamente a la situación actual, y a la aceptación por la mayoría de la nueva moral. Básicamente se reduce de momento a dos medidas de difícil articulación práctica.

La primera es cambiar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, para poder retirar la financiación pública a los medios que vulneren los códigos deontológicos en su actividad periodística. Se trata de una medida extraña incluso en su enunciado, alejada de la tradición europea sobre comunicación y poder. Habrá que ver quien decide si se ha producido vulneración deontológica, si lo hace el Gobierno por la vía administrativa, el Fiscal General del Estado por encargo, una comisión de expertos tipo pandemia, o el asunto queda en manos de los jueces. Es poco probable que Europa se entusiasme con una legislación que chocaría frontalmente con las acciones en defensa del periodismo recientemente aprobadas por la Comisión. Pero habrá que esperar y ver adónde nos lleva la letra menuda. La otra medida estrella propuesta es establecer un mecanismo de reparación pública para aquellas personas investigadas, cuya causa judicial sea finalmente archivada. La medida apesta al formato de legislación ad hoc que tanto gusta a Pedro Sánchez, y responde claramente al deseo de desagraviar a Begoña Gómez, su mujer, si finalmente no resulta condenada.

La regeneración democrática empieza, pues, por ocupase de los asuntos de casa. Quizá debiera empezar por dar alguna explicación, alguna respuesta del presidente, su Gobierno, su portavoz o su partido (o cualquiera de los partidos que le apoyan), a algunos de los asuntos que afectan a su familia, o a los que hoy preocupan a tantos ciudadanos de moral distinta a la moral de las mayorías. Una explicación a la investigación abierta por tráfico de influencias y corrupción (presunta) de la mujer de quien nos gobierna; a las dos reuniones mantenidas en La Moncloa por el matrimonio Sánchez-Gómez, con el patrocinador beneficiado Carlos Barrabés; a la investigación de otro juez al hermano del presidente, que aparenta cobrar un sueldo público sin trabajar y no acredita con ese sueldo un patrimonio millonario. Quizá habría que explicar por qué se mantiene como fiscal general a un señor que ordena a sus segundos incumplir la ley, para enmierdar adversarios políticos; o por qué el escándalo que supone convertir el Constitucional en un tribunal de casación para revisar las condenas por los ERE a cargos socialistas; o por qué se ocupan las instituciones y empresas públicas con antiguos cargos del Gobierno, para que actúen al servicio de los intereses del poder.

¿Regeneración? Hay que tenerlos cuadrados para vender como regeneración lo que es deriva autoritaria y ausencia de moral.

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