Más de un año después de que se denunciara una supuesta estafa por valor de unos 240.000 euros en el servicio de Recaudación del ayuntamiento, gestionada por contrato por una empresa de la Isla, la justicia, lenta en demasiados asuntos, sigue sin esclarecer lo ocurrido, pese a los diferentes frentes abiertos en otros tantos juzgados.

El supuesto robo de fondos se detectó a finales de mayo de 2008 y, según parece, se venía produciendo desde el año 2004. La empresa que gestionaba este servicio fue la que se dio cuenta de estos hechos y los puso en conocimiento del alcalde, Francisco Javier González, que en junio puso la correspondiente denuncia en los juzgados para que se investigara lo sucedido y se depuraran responsabilidades, tal y como EL DÍA informó en su día.

Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma mantiene abiertas un año después las diligencias previas, aquellas en las que se investigan las causas y, para ello, se citan a los presuntos implicados, entre otras acciones, sin que haya habido ninguna resolución.

En el TSJC y en Madrid.- Además de las investigaciones en el juzgado capitalino, el Ayuntamiento de Villa de Mazo exige a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en el Tribunal de Cuentas de Madrid que la empresa que se encargaba de Recaudación abone los 240.000 euros que faltaron en la caja municipal.

Por aquel entonces, la empresa adjudicataria, que siempre ha colaborado con el proceso tanto de denuncia como de investigación, remitió un escrito dirigido al ayuntamiento en el que informaba de que "se le ha pedido explicaciones al responsable del servicio", fallecido en extrañas circunstancias al día siguiente de que la propia empresa le pidiera explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas, "y sus respuestas no fueron convincentes".

Un nuevo gestor.- Aunque las relaciones entre el ayuntamiento y la citada entidad habían sido siempre buenas, según las fuentes consultadas por esta redacción, lo cierto es que recientemente no se aplicó la prórroga para la renovación del contrato para este servicio, que ahora gestiona una empresa peninsular.