La Guardia Civil está llevando a cabo una segunda investigación interna o información reservada en el denominado "caso Seprona", con la que pretende esclarecer los hechos que se refieren a la actuación de los profesionales del Cuerpo implicados en el asunto, que ha provocado una instrucción judicial que se encuentra en diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane, tal y como ha venido informando EL DÍA desde la pasada semana.
Esta nueva investigación interna, que complementará la que se archivó hace apenas un año después de una primera denuncia, se desarrolla en paralelo a la ampliación de la causa judicial que realizó el agente del Seprona hace unos meses, por supuestas irregularidades cometidas por mandos del Cuerpo en Los Llanos de Aridane, relacionadas con la filtración de documentación secreta a un empresario para que fuera usada contra el guardia que denunció sus edificaciones y propiedades por presuntas irregularidades urbanísticas.
Según aseguran fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, desde hace meses, tras designarse un instructor, se está tomando declaración a los mandos implicados en la denuncia, así como al agente denunciante. Además, el objetivo es aclarar los hechos con la extensión de la información reservada a otros agentes del Cuerpo, en ambos destacamentos, así como a empresarios de la Isla y ciudadanos que pudieran estar relacionados directamente con los hechos o con el trabajo de los profesionales implicados en el caso.
Esta nueva investigación, por lo tanto, resultará más completa que la que se realizó con anterioridad y que terminó archivada y sin consecuencias para ningún guardia civil de la Isla, al no detectarse acciones u omisiones contrarias a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o menosprecio a la Institución.
Depurar responsabilidades.- Independientemente de las posibles consecuencias penales, la Guardia Civil busca depurar responsabilidades, de haberlas, en ambas direcciones, tanto en la que apunta a los mandos que supuestamente protegieron a un empresario denunciado por el propio Cuerpo, como en la que se refiere a la actuación del agente que firmó las denuncias, que es acusado por la otra parte de instigar una persecución contra un ciudadano.
Las fuentes de la Benemérita consultadas por este periódico afirman que "no sólo podríamos estar ante lo que se recoge en la denuncia del agente, con presuntos favores a mandos del Cuerpo a cambio de información protegida, sino que también hay dudas sobre las relaciones y vinculaciones personales, políticas o afectivas de los testigos y las partes vinculadas al caso".
Velar por que se cumpla la ley.- Tal y como se recoge la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, todas las actuación profesionales de sus miembros deben responder a dos premisas: la defensa y garantía de la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. Para ello, los mandos deben velar por que sus subordinados cumplan los principios establecidos por ley.
Si por exceso o por defecto resulta que algún miembro del Cuerpo vulnera ese principio, de forma paralela al posible proceso judicial, el Cuerpo está en la obligación de esclarecer los hechos mediante la denominada "información reservada", instruida por un oficial de rango superior. Si en la investigación se detectan conductas contrarias a la ley, se debe imponer un expediente disciplinario con consecuencias directas sobre el infractor que podrían llegar a suponer la pérdida de destino, en el caso de que se entienda que la irregularidad cometida es grave.
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