La crisis no afecta a los políticos palmeros o, al menos, a los grupos de gobierno de los ayuntamientos de la Isla que ya han aprobado sus presupuestos para 2013, y que, a pesar de la caída generalizada de ingresos, no contemplan disminución alguna en los sueldos de los gestores o en los emolumentos de los denominados "personal de confianza".

Pese a que el Estado, en un acuerdo que puede ser histórico entre las dos principales fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, se encuentran ultimando una ley que reducirá los sueldos de los alcaldes y de los concejales liberados, teniendo en cuenta la población de cada pueblo, además de la decisión de otras administraciones de eliminar áreas de gobierno -la última en hacerlo fue el Gobierno de Canarias-, en los ayuntamientos se trabaja al margen y se mantiene la idea de que los políticos no pueden perder poder adquisitivo y que los obligados recortes por la crisis deben ir, por tanto, sobre otros capítulos que afectan más directamente al ciudadano.

El caso más "hiriente" es, sin duda, Barlovento. Allí, en aquel ayuntamiento, los presupuestos contemplan una subida en gastos del gobierno municipal de un 21%. El incremento se debe al acuerdo firmado entre el PSC y el PP, que durante la precampaña electoral criticaron con dureza el sueldazo, que lo era, del exalcalde nacionalista. Ahora, el líder popular, Jacob Qadri Hijazo, no cobra del ayuntamiento por su labor de teniente de alcalde, ya que mantiene su trabajo de farmacéutico, pero a partir de junio de 2013 accederá a la Alcaldía en el "reparto" del bastón de mando, con dedicación exclusiva y, por ende, con sueldo a cargo de las arcas públicas.

La actual alcaldesa norteña, Vanessa Rodríguez, pasará a ser la "dos" del gobierno, pero curiosamente mantendrá, según fija el documento económico, el mismo sueldo que en la actualidad. Es decir, una nómina más a pagar por sus vecinos. Barlovento tiene, además, otros dos políticos liberados para gestionar los servicios de un pueblo de apenas dos mil habitantes.

Santa Cruz de La Palma también mantiene el gasto de su grupo de gobierno. Cada vez tiene menos habitantes, sus vecinos son los mismos en número que hace una década, y menor presupuesto, pero sigue necesitando, a juicio del gobierno local, un total de once liberados repartidos entre populares y socialistas, además de cuatro personas de confianza, a las que se debe sumar una más de la oposición.

Lo mismo ocurre en Breña Baja, con cuatro ediles con sueldo. En este caso, su alcalde lo considera incluso "reseñable", es decir, cree que debe destacarse "el mantenimiento de las retribuciones y del número de liberados del actual grupo de gobierno para 2013, sin que haya experimentado subida respecto al de 2012". Es decir, ya le parece bastante con mantenerse y no subirse la nómina...

Breña Alta, con tres concejales a sueldo; Villa de Mazo, con tres liberados, incluyendo a la alcaldesa con una de las mejores nóminas de todos los regidores de la Isla, y Puntallana, con tres ediles que cobran, aunque el alcalde cobra de la Consejería de Educación, no han reducido ni un céntimo de sus presupuestos, ya aprobados, con respecto al pasado ejercicio. Todos defienden, sin ninguna excepción, que lo que perciben es justo para la labor que desarrollan.

Es cierto que si la situación económica fuera diferente, casi nadie miraría el sueldo de los políticos, pero la realidad es la que es y en la mayoría de estos pueblos se han aprobado nuevas tasas e impuestos, incrementado las matrículas que se cobran por las guarderías municipales o, incluso, reducidos sueldos debido a la disminución de ingresos que perciben de otras administraciones. Todo, o casi, menos tocar las nóminas de los que mandan.