La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife avisa al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en un decreto del pasado 29 de febrero de que debe mejorar el control del combustible sufragado con fondos públicos a trabajadores municipales "para asegurar que se destina única y exclusivamente" al desempeño de sus funciones.

La advertencia del fiscal llega tras una denuncia presentada por un agente de la Policía Local por la utilización supuestamente irregular de los bonos de gasolina que se entregan para el repostaje, en concreto de cuatro vehículos particulares.

El fiscal en su decreto deja claro que de las diligencias de la investigación acordada "se puede llegar a la conclusión de que los hechos denunciados no han resultado debidamente acreditados". A propósito, señala que "aún cuando existan supuestos en los que empleados públicos hayan podido repostar fuera de su horario laboral, no existe prueba de cargo alguna que permita aseverar fehacientemente que los mismos pudieran haber empleado el combustible en cuestión para fines distintos de los que les resultan respectivamente encomendados en el ejercicio de las funciones que les resultan expresamente encomendadas con motivo de sus cargos, no habiéndose podido concretar tan siquiera las fechas en las que los cuestionados repostajes habrían tenido lugar, toda vez que no se ha identificado a testigo alguno al respecto".

Pese a que la denuncia no se pudo demostrar con hechos, el fiscal advierte: "No obstante todo lo anterior, se evidencia la existencia de un sistema de repostaje cuya gestión y transparencia resulta manifiestamente mejorable, siendo deseable un mayor control del kilometraje efectuado por parte de todos y cada uno de los empleados públicos en el desempeño de las funciones que les resulten encomendadas, así como la instauración de un nuevo sistema" para asegurar que nadie está usando los bonos para uso privado.

Durante la investigación de este caso, el fiscal llegó a solicitar al ayuntamiento la identificación de los titulares de los vehículos indicados en la denuncia y el importe al que ascendió el combustible repostado por cada uno de ellos a cargo de las arcas del ayuntamiento, entre otra documentación.

En respuesta, la corporación local remitió un informe evacuado por la propia Policía Local, se entiende que por su jefe u oficiales de mayor rango, en el que se afirma que no se había advertido desviación o irregularidad alguna.