La Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recomendó al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma una actualización a la baja del valor catastral de los inmuebles (tasación administrativo fijada objetivamente para cada bien), lo que se hubiera traducido en una rebaja para 2017 del importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto de IBI, una posibilidad que fue rechazada por el consistorio al entender que no se ajustaba a la realidad del municipio.

La actualización recomendada, que tenía un coeficiente del 0,92, no implica que varíe el tipo del impuesto, que es de carácter municipal y, por lo tanto, lo fija cada ayuntamiento, pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica. Es decir, el Catastro lo que dice es que un bien en Santa Cruz de La Palma que tiene un valor de 100.000 euros, por ejemplo, pase a tenerlo de 92.000, precio nuevo al que se aplicaría el gravamen municipal, que debe estar entre un 0,4% y un 1,1%.

La propuesta del Catastro viene justificada por el hecho de que la última revisión catastral en la capital se realizó en 2009 (aún en burbuja inmobiliaria) y entiende que a partir de ese año y debido a la crisis económica, el precio de los inmuebles en el mercado ha caído de forma considerable. Además, el valor catastral no puede superar el 50% de su precio en el mercado, pero en esta ciudad, siempre según la versión de este organismo, ese límite se supera.

Sin embargo, el ayuntamiento, con el informe técnico pertinente, ha considerado que la recomendación del Catastro no se ajusta a la realidad del municipio. Tomó como referencia 94 expedientes para demostrar que los precios de venta estaban en algunos casos por encima del 50% del valor de mercado y en otros tantos se situaban por debajo de ese porcentaje, por lo que consideró que aplicar una rebaja a la postre del IBI para todos los ciudadanos no sería justo y tendría consecuencias negativas para las arcas municipales.

El técnico responsable del informe defiende que si el problema está "en que hay diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales", se puede acudir "a un procedimiento de valoración colectiva", que puede iniciarse de oficio o por petición del propio ayuntamiento.

Se entiende que sería la manera más justa de fijar valoraciones catastrales y, como resultado, el cobro del IBI al hacer una tasación por cada uno de los bienes inmuebles y no una reducción global para todos de la que se puede beneficiar también los que no les corresponde.

Sin embargo, el Catastro ha dado su recomendación de bajada general, no parece dispuesto a actuar de oficio en una nueva valoración, por lo que el ayuntamiento aprobará hoy, en sesión plenaria, solicitarla aunque con vistas a 2018 y, por tanto, con cargo a las arcas municipales.