El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha comunicado a dos industrias ubicadas en el Callejón de la Gata, donde ya se impidió por sentencia judicial la operativa de plantas de asfalto, que deben cerrar sus puertas al no haber sido capaces de regularizar su situación, fuera de la ley desde que hace lustros abrieron sus puertas en este polígono.

Partiendo de los informes y de los pasos marcados por técnicos y juristas municipales, la Corporación aridanense abrió en 2016 expediente a tres industrias, dando un plazo de 60 meses a sus propietarios para que regularizaran su situación o, en caso contrario, dejaran de operar. La resolución definitiva se alargó en el tiempo, después de que en el primer procedimiento abierto se detectaran errores burocráticos que invitaban a reiniciarlo, tal y como se hizo para mayor seguridad jurídica.

Los informes sobre una de las empresas, que se dedica al acopio de materiales y residuos de la construcción para su posterior tratamiento y transformación (una machacadora de áridos), ya aventuraban desde el principio que iba a ser capaz de legalizarse con cierta facilidad, al contar con lo más importante en estos casos: las autorizaciones sectoriales e informe de la actividad, además de la calificación territorial del Cabildo de La Palma y declaración responsable ante el ayuntamiento. Le faltaba poner en marcha medidas correctoras.

Las otras dos industrias "expedientadas" no contaban con las autorizaciones pertinentes. En concreto, se trata de otra machacadora, aunque además dispone de una pequeña planta de hormigonado, un taller de reparaciones de uso privativo y acopio de vehículos y maquinaria fuera de uso, y una industria que almacena residuos no peligrosos, como gestor autorizado.

Desde el gobierno municipal se aclara que "se ha dado la oportunidad a las tres industrias de tratar de regularizar en 60 días su situación, pero dos de ellas con la documentación presentada no han sido capaces de legalizarse para poder seguir funcionando, mientras que la tercera sí está en condiciones de hacerlo, lo que ha sido comunicado". "No es grato comunicarle a una empresa que debe cerrar, con pérdida de puestos de trabajo, pero a veces no hay otro remedio. Se ha actuado de la forma correcta, como marca la ley", subraya.

La situación irregular de estas empresas se ha mantenido en el tiempo por la complicidad o, al menos, permisividad de la administración local de aquella época. Los empresarios solicitaron permisos para una actividad, que, con el paso de los años, fueron reconvirtiendo y ampliando, mientras "se miraba para otro lado".

Las denuncias de la plataforma de vecinos, que se sentían perjudicados por la actividad industrial en el Callejón de la Gata, y la insistencia del grupo municipal de Izquierda Unida Canaria (IAC) para que se diera una solución definitiva a esta problemática, han estado, en este caso, en concordancia con la decisión del gobierno municipal de aplicar la normativa vigente (mejor, la ley) para empresas instaladas en el polígono.