La junta directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha acordado solicitar al senador por La Palma, Mariano Hernández, y al diputado nacional Ernesto Aguiar que realicen las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España para la expropiación forzosa del Castillo Real de Santa Catalina, en Santa Cruz de La Palma, tal y como se acordó, sin que se llevara a efecto, hace ya 34 años.
Los miembros de esta institución son conscientes de que Resolución del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife de 10 de mayo de 1983, con Eligio Hernández al frente, para la expropiación de esta edificación, ha caducado sin que "inexplicablemente" se ejecutara. En realidad, la adquisición del Castillete fue declarada de utilidad pública un año antes, en 1982, por Real Decreto del Ministerio de Cultura.
Declarado inadecuado para los servicios de guerra, se dispuso su venta por subasta que se realizó el 17 de febrero de 1949, siendo adquirido por Manuel Rodríguez Acosta, en representación del grupo de comerciantes mayoristas de Santa Cruz de La Palma, por poco más de 300.000 de las antiguas pesetas. Los herederos de este empresario son ahora sus propietarios, un elevado número de personas a las que no ha sido sencillo, en otros intentos de compra, localizar.
El castillo está siendo usado por el ayuntamiento, tras un acuerdo con los dueños conocidos, y la idea de la Sociedad Económica es que el Gobierno de España inicie un nuevo expediente con el mismo objetivo que el iniciado en 1983: expropiar esta edificación y que sea pública.