El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (Unión Bagañeta-Coalición Canaria), se sentará hoy en el banquillo de los acusados para defenderse de un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio al facilitar la construcción de un edificio en la avenida del Puerto de Tazacorte en suelo ubicado dentro de los límites de la servidumbre costera, tal y como sentenció el Tribunal Supremo.
El regidor municipal será enjuiciado por el denominado caso Los Tarajales por el Juzgado de lo Penal número 7, que se desplaza a Los Llanos de Aridane, en una causa que se prolongará los días 2, 3, 6, 7 y 8 de noviembre, comenzando las sesiones a las ocho de la mañana. La instrucción se inició hace ocho años, aunque ya en 2002 hubo una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra esta actuación.
Además del alcalde están encausados (imputados) el arquitecto del ayuntamiento, Rosendo Luis Brito, y el que fuera primer teniente de alcalde cuando se otorgó la licencia para construir el inmueble, Juan Miguel Rodríguez Acosta, además de Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, ediles de UB-CC en aquel momento, aunque se trataba de un gobierno municipal presidencialista donde el regidor municipal tomaba las decisiones importantes y el resto la acataba.
El fiscal pide un máximo de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para el alcalde, mientras que la acusación particular amplía las penas. En concreto, para Ángel Pablo Rodríguez reclama cuatro años de cárcel.
El alcalde de Tazacorte manifestó a EL DÍA en una entrevista hace hoy tres años (el 2 de noviembre de 2014) que "desde que se solicitó y hasta que concedimos la licencia, estuvimos durante ocho meses pensándolo. Todos los informes técnicos y jurídicos eran favorables a la concesión. Llevamos incluso el informe jurídico a Tenerife, a la Dirección General de Urbanismo, y nos dijeron que era perfecto. En aquel momento, Diursa (empresa que construyó el inmueble) nos estaba presionando para que le diéramos la licencia". Esa afirmación cobra ahora actualidad, ya que se espera que será en lo que fundamentará su defensa: los informes eran favorables a la defensa.
En este litigio se decidirá además el futuro del edificio, del que se han vendido tres viviendas, además de plazas de garajes y un trastero, según la información catastral obtenida por esta redacción. El fiscal advierte en sus conclusiones de que "conforme al artículo 339 del Código Penal (en relación al 319.3 del Código Penal), procede acordar la demolición del edificio Balcón del Puerto, situado en la avenida El Emigrante número 10 de El Puerto de Tazacorte", proceso que se realizará "a cargo de los acusados", pero "sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Tazacorte, atendiendo a la condición de los acusados de autoridades o funcionarios de la entidad local".
Esta conclusión coincide con la valoración realizada en 2014 por la fiscal de la Audiencia Provincial para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, Inmaculada Violán González, quien afirmaba en un informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane que "el horizonte urbanístico" de este edificio "no es otro que la demolición".