La Plataforma de Trabajadores de la Administración Local ha denunciado por "ilegal" el requisito de empadronamiento que impone el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para poder acceder al Plan Extraordinario de Empleo Social 2017/2018.
Esta condición que utiliza la corporación capitalina está siendo también aplicada como norma general por el resto (o casi) de los ayuntamientos canarios, a la hora de contratar a los vecinos de sus municipios que cuenten con menos recursos económicos.
Este sindicato ha presentado su queja ante el ayuntamiento capitalino y advierte además de que estudia una demanda por lo Contencioso-Administrativo, además de elevarla al Diputado del Común y Función Pública Canaria.
La denuncia se acompaña de hasta tres escritos del Defensor del Pueblo donde efectivamente se recomienda no utilizar el requisito del empadronamiento en virtud de diferentes sentencias judiciales en contra de valorar esta condición, lo que ha creado jurisdisprudencia.
A propósito, esta plataforma de trabajadores reclama del alcalde que solicite un informe de la secretaria municipal para determinar si la contratación de las trece personas con escasos recursos para el Plan de Empleo Social cumple en su totalidad "con la legalidad en cuanto al acceso al empleo público".
Este sindicato tiene claro que valorar o tener como requisito indispensable el empadronamiento de los aspirantes al Plan de Empleo Social "resulta totalmente contrario a derecho", ya que "no se respetan los principios rectores del acceso al empleo público, en los términos previstos en los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española", donde se defienden los principios de igualdad, de mérito y capacidad, recuerda la Plataforma.