Samara Bermúdez, junto a sus tres hijos, tiene de plazo hasta el 31 de julio a las 10.30 horas para abandonar voluntariamente la vivienda de promoción pública que ocupa desde diciembre de 2015 en la Cruz de la Paloma, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

La joven había recurrido una sentencia por la que se ordenaba el desalojo de la vivienda, en un litigio iniciado por el ayuntamiento, recurso que su abogada presentó ante la Audiencia Provincial y que ha sido rechazado en una resolución que ahora ya sí es firme.

La sentencia del juzgado aridanense que la Audiencia Provincial ratifica condena a Samara Bermúdez a un delito leve de usurpación de bienes inmuebles, con una pena además de tres meses de multa a razón de una cuota diaria de dos euros que deberá abonar en un plazo que no exceda de cinco días desde que sea requerido. En caso de impago, la condenada cumplirá mediante localización permanente un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

La Policía Local de Los Llanos de Aridane intentó notificar el pasado miércoles a Samara Bermúdez la comunicación del juzgado. Ese mismo día también se desplazó a la vivienda el asistente social municipal para conocer la situación en la que se encuentra la familia, saber de sus opciones habitacionales y fijar alguna línea de ayuda, teniendo sobre todo en cuenta que dentro del piso viven tres menores de edad, de 17 y 8 años, además de un bebé. Sin embargo, la notificación se tuvo que retrasar al encontrarse la afectada de viaje.

Samara Bermúdez confirmaba a esta redacción que "me ha llegado la notificación, me la entregó un policía. La abogada me ha confirmado que desestimaron la apelación que presentamos en Tenerife (Audiencia Provincial) y será ella la que recoja la sentencia en el juzgado". "¿Que no me agobie?, eso es dificilísimo. He hablado con Vivienda y me han dicho que les presente un escrito".

Su valoración se realizaba justo en el momento de conocer la notificación entregada por miembros de la Policía Local: "Voy a intentar calmarme y buscar soluciones. Hablar con quien tenga que hablar". Dejó claro que "no tengo" alternativas de alojamiento. Su temor principal es verse en la calle junto a sus tres hijos.

Samara Bermúdez vive ahora gracias a una prestación canaria de inserción (PCI), que fue concedida por un período de dos años tras la tramitación en Servicios Sociales, de unos 600 euros al mes. Su situación era aún peor en 2015, cuando decidió ocupar la vivienda. Su único ingreso en aquel momento era la pensión de uno de sus hijos, huérfano de padre, de apenas 190 euros, por lo que acumuló impagos en el alojamiento de alquiler en el que vivía hasta que tuvo que abandonarlo.

La intención del ayuntamiento es recuperar la vivienda una vez sea desalojada, realizar las pequeñas mejoras que sean necesarias en su interior, amueblarlo e iniciar adjudicaciones a familias necesitadas del municipio en virtud de las pautas legales que se establecen en el reglamento de uso que está aprobado para este alojamiento, cuyo objetivo es de atención habitacional en caso de emergencia social por períodos de tiempo que incluso pueden ser tan solo días.

De todas formas, la vivienda ocupada en la Cruz de la Paloma es en realidad, aunque esté cedida al ayuntamiento, propiedad del Gobierno de Canarias, que, por el contrario, ha dejado claro que no denunciará a nadie que se encuentre en promociones públicas.