Los trabajadores del Consorcio Insular de Servicios tienen derecho por ley de disponer del mismo convenio laboral que cuenta el personal del Cabildo de La Palma, según el informe elaborado por el secretario de este organismo, lo que supondrá, en caso de concretarse, una mejora notable de las condiciones a las que ahora están sometidos.

En el último Consejo de Administración del Consorcio, el gerente, Álvaro Duque, presentó un informe encargado a un grupo de abogados externos en el que se concluía que los operarios de este servicio, en el que están representados los 14 ayuntamientos palmeros y la institución insular, no tenían que disfrutar de los mismos derechos que el personal laboral del Cabildo ni de ninguna de las corporaciones locales.

Sin embargo, en el marco de esa reunión, se solicitó conocer la opinión de los técnicos de la casa, en concreto del secretario, cuyo informe tiene un peso prácticamente definitivo, lo contrario sería recurrir a la vía judicial (no parece nada probable), y que ha sido totalmente contrario al presentado en primera instancia, que era en el que se estaba apoyando la "patronal" en la mesa de negociación abierta con los trabajadores.

El Consejo de Administración del Consorcio de Servicios se reunirá hoy a las 12.30 horas, media hora más tarde lo hará la Asamblea de este organismo, para analizar las consecuencias del nuevo informe técnico.

La representación de los operarios que se encargan de la recogida de los residuos urbanos había expuesto que el Consorcio "tiene que ser reconocido como organismo del sector público institucional con efectos desde el 2 de octubre de 2016 conforme a la normativa vigente", por lo que "es obligado" aplicar a sus empleados "el mismo régimen jurídico que al resto del personal adscrito a la institución insular, o en su defecto, el de las administraciones locales". Y la realidad es que en lo sustancial, partiendo del informe del secretario, tenían razón.

Hay que tener en cuenta que las condiciones laborales actuales de los trabajadores del Consorcio, al menos del personal "de base", distan mucho de las ventajas de que disponen los trabajadores de cualquier otro organismo público. Ni tan siquiera disponen de convenio laboral.