Samara Bermúdez debe entregar las llaves de la vivienda que ocupa desde diciembre de 2015. Como todo desahucio, un drama. Y ciertamente es verdad. Si se une un relato lacrimógeno, basado en la joven con sus hijos que supuestamente se verá en la calle, "vende". Un redactor veterano sabe de sobra que tirando de la pena, con una buena foto, es como más "pinchazos" obtiene una noticia. Y ya si se ataca al gobierno municipal (PP) y al principal partido de la oposición (CC), la recurrida insensibilidad de los políticos, lo "petas".

Sin embargo, el relato tiene aristas y vacíos. Y otra versión: la que sostiene la documentación oficial. ¿Más superficial y menos amable?, quizás. ¿Más real?, seguro. Un dato importante: Servicios Sociales ofreció a Samara Bermúdez dos meses de alquiler y el pago de la fianza en otro piso para evitar el proceso judicial. Lo rechazó. Los mismos técnicos tramitaron la prestación canaria de inserción (PCI) que recibe, de unos 650 euros al mes, para completar los cerca de 200 euros de su hijo mayor por orfandad. Su hermana con discapacidad, a la que en ocasiones se recurre para aumentar la crudeza de la historia, también percibe una pensión de casi 400 euros.

No deja de ser una situación angustiosa. Es cierto. No es sencillo. La ausencia de viviendas sociales para los más necesitados es evidente en cualquier municipio. Y Los Llanos de Aridane no es una excepción. Pero todo se agrieta aún más cuando decides abandonar el huerto que el ayuntamiento te cede para que cultives y logres autoabastecerte, hasta el punto de que te lo acaban retirando, o rechazas la posibilidad de trabajar en los convenios del Servicio Canario de Empleo o en los de una empresa de inserción laboral como Isonorte. Pides a la alcaldesa un trabajo estable.

La vida de Samara no ha sido sencilla y su planificación familiar, menos. Su hijo menor llega ya siendo ocupa. Y todo se complica. Siempre un poco más.

La ocupa del piso en el barranco de la Cruz de la Paloma es beneficiaria de ayudas de alimentos de Servicios Sociales, también lo es su pareja, que además cuenta con expedientes separados por malos tratos. Samara afirma que existe una orden de alejamiento al ser víctima de violencia de género, otras fuentes sostienen que han vivido todo este tortuoso procedimiento juntos. Una vida con sobresaltos, sin duda, que la joven evita quizás de forma inconsciente allanar al llegar también a rechazar una plaza para su hijo menor en la guardería municipal.

Y el tiempo se consume. Después de llevar dos años y nueve meses de ocupa, un juez ha dicho que debe irse. Que hasta aquí hemos llegado. Samara espera el apoyo de las asociaciones gitanas, de las plataformas contra los desahucios... pero la realidad es que mañana debe entregar en el juzgado las llaves del piso o en cuatro días se producirá el lanzamiento forzoso. Y, mientras, es el otro lado de una misma historia, otras familias, una incluso ya valorada por los Servicios Sociales, esperan la oportunidad para disfrutar al menos de una habitación de un piso construido como alojamiento temporal para unidades familiares sin recursos.

Sí, la vida.