Más de 300 familias solicitaron entre 2013 y 2014 una de las 40 viviendas que se ofertaron en la promoción del barranco de la Cruz de la Paloma, última urbanización de pisos sociales que el Gobierno de Canarias ha construido en Los Llanos de Aridane y que se encuentran de actualidad después de que uno de los hogares fuera ocupado por Samara Bermúdez y sus hijos, sin descartar también que resida su pareja, a pesar de la denuncia por malos tratos.

Entre los solicitantes de esta construcción se encontraban las dos hermanas de Bermúdez y su propia madre, aunque dos de estas tres peticionarias fueron descartadas al no cumplir el requisito sobre el tiempo mínimo de residencia o trabajar ininterrumpidamente en el municipio, periodo que quedó fijado en dos años. Samara Bermúdez no presentó petición alguna para estas casas.

En la distribución de cupos para acceder a esta promoción se establecieron dos viviendas para personas con movilidad reducida con necesidad de silla de ruedas, otras tantas para ciudadanos con movilidad reducida sin necesidad de silla de ruedas, una para emigrantes, otra para jóvenes, una para mayores, cuatro para familias de composición reducida de un solo miembro y 28 viviendas para el cupo general de demandantes de vivienda inscritos en el municipio.

Además, la urbanización contaba con otra vivienda que fue entregada al municipio como piso tutelado, tal y como le corresponde en las promociones de más de 20 pisos, que precisamente fue ocupado por Bermúdez.

En el reparto de las viviendas no deja de sorprender que se destinaran la misma cantidad a emigrantes que a jóvenes, apenas una, sobre todo teniendo en cuenta que del primer grupo hubo solamente un peticionario, mientras que para el segundo solicitaron una vivienda un total de 114, una evidente descompensación que es compleja de justificar, cuando ya era previsible.

Después del sorteo que se tuvo que llevar a cabo para la adjudicación de las viviendas, con el descontento lógico de los que no resultaron beneficiarios, más de 250 familias se quedaron sin recibir un alojamiento de protección oficial, un número de demandantes que, en lugar de ir reduciéndose, se ha ido incrementado de manera notable debido a la crisis económica y, sobre todo, por la ausencia de nuevas construcciones de este tipo, dirigidas a familias con escasos recursos.

El caso de Samara Bermúdez no es exclusivo, aunque sí es cierto que la forma de actuar de la joven ha sido diferente, peculiar (por denominarlo de alguna manera), pero son un importante número las familias que buscan pisos de promoción pública con unos alquileres sociales, subvencionados también por el Gobierno de Canarias, y que van de los dos hasta los 90 euros al mes, dependiendo de los ingresos de la unidad familiar y las dimensiones de la vivienda.

La necesidad de iniciar un nuevo plan de viviendas sociales en La Palma es evidente. No es una situación que afecte tan solo a Los Llanos de Aridane, como se ha demostrado en el caso de Samara Bermúdez o de otras tantas familias que han tenido que ser "rescatadas" por el ayuntamiento, sino que se hace patente en la mayoría de los municipios. En Santa Cruz de La Palma, por ejemplo, no se ejecuta una promoción de este tipo desde hace lustros. A propósito, cabe destacar que la concejal de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, ha cuestionado en diferentes ocasiones al alcalde, el socialista Sergio Matos, por el número de peticionarios de viviendas que existen en la ciudad. El regidor ha advertido en sesión plenaria de que son datos que maneja el Instituto Canario de la Vivienda, sin aportar información al menos en aquel momento. Sanjuán ha cuestionado "cómo se puede llevar a cabo desde el ayuntamiento políticas sociales de vivienda si no se conoce la demanda real del municipio". La cifra de demandante de vivienda en 2011 en la capital se acercaba a los 300, y ha aumentado de forma notable en los últimos años. Otras fuentes sitúan las necesidades de pisos entre 700 y 800 unidades en una ciudad que por la ausencia de hogares sociales que ofertar ha ido perdiendo población a pasos agigantados en beneficio de localidades cercanas. En Santa Cruz de La Palma también hubo una familia ocupa, en Mirca.