"Soy maestro de escuela", "escuché lo que me dijeron los técnicos", "el promotor nos advirtió de que nos podían denunciar por prevaricación por no dar la licencia", "la situación del municipio era muy crítica por el paro"... el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), declaró ayer en el inicio del juicio por el denominado caso de Los Tarajales, en el que el regidor bagañete, junto al arquitecto municipal y cuatro exediles, se enfrentan a un presunto delito contra la ordenación del territorio.

El fiscal intentó dejar en evidencia la implicación del alcalde. Recordó que la concesión de la licencia para la construcción del edificio en El Puerto, objeto del litigio, fue en 2005, cuando ya se habían emitido dos sentencias, una de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y otra de 2004 de la Audiencia Nacional, en contra de la declaración del suelo como urbano.

Pero es que además, siempre según explicó el Ministerio Fiscal, desde la oposición, en concreto el PSOE, se informó al alcalde de un posible delito de prevaricación en caso de que autorizara la edificación. Nada paró la operación.

Ángel Pablo Rodríguez, que se enfrenta a una petición de pena del Ministerio Fiscal de 18 meses de prisión y diez años de inhabilitación, descargó cualquier responsabilidad en juristas y técnicos, cuyos informes "eran favorables a la concesión de la licencia" para construir el edificio. Además, sostuvo, en un dato que puede ser crucial en el devenir de los acontecimientos, que las sentencias del TSJC y la Audiencia Nacional se referían "a las normas subsidiarias y no al Plan General de Ordenación", documento con mayor rango urbanístico y que fue en virtud del cual "se concedió la licencia".

El fiscal recordó además que la licencia fue autorizada apenas dos días antes de una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Supremo, que ratificaba las dos resoluciones jurídicas anteriores y que dejaban al edificio dentro de la servidumbre costera. A propósito, el alcalde, que se negó a responder a las preguntas de los abogados de la acusación particular, calificó esta situación de "mera casualidad", afirmando que "nunca nos dijeron que la sentencia estaba próxima a salir".

El Ministerio Fiscal dejó al descubierto contradicciones del regidor bagañete durante las declaraciones en los años de instrucción, en un intento, logrado, por demostrar que el alcalde era consciente de lo que estaba ocurriendo con este suelo, las sentencias, la Ley de Costas, el edificio... Ángel Pablo Rodríguez señaló que a su juicio el inmueble está "fuera de ordenación", como otros a lo largo del Archipiélago, y anunció que el Ayuntamiento de Tazacorte solicitará una revisión de la servidumbre ya que al menos la parte norte del edificio "ya está fuera de los 100 metros" que marca Costas.