El caso de Los Tarajales, en el que se juzga la concesión de la licencia para la construcción de un edificio dentro de la servidumbre marítimo-terrestre en la zona de El Puerto de Tazacorte, es extremadamente complejo. Un galimatías enredado en el entramado urbanístico más añejo en un pueblo pequeño donde todos se conocen: normas subsidiarias, Plan General de Ordenación, Ley de Costas, licencias, intereses de promotores, supuestos (y otros más reales) poderes fácticos...

Después de cuatro días de declaraciones en sesiones de mañana y tarde, a las que se unieron ayer las exposiciones en algunos casos tediosas de los letrados en sus conclusiones, el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, además de otros cuatro exediles (Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez, Roberto Pérez y José Miguel Castillo) y el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, tienen motivos más que suficientes para al menos estar preocupados. Y es que aventurar de forma objetiva el sentido de la sentencia, que puede incluir penas de cárcel, inhabilitación e indemnizaciones, sería una temeridad.

El fiscal sí parece tenerlo claro. Ayer arrancó su alegato, que se prolongó durante dos horas y media, elevando las penas para Juan Miguel Rodríguez Acosta, quien fuera número "2" del alcalde cuando en 2005 se concedió la licencia para construir el edificio, para el que pide 10 años de inhabilitación y 18 meses de cárcel, lo que las equipara a las que se enfrenta su antaño jefe político. Lo mismo hizo con el arquitecto: 10 meses de inhabilitación y 15 meses de cárcel. A su juicio "los hechos están probados solo con la documental (...) y acreditados", defendiendo el "ánimo delictivo de los acusados".

El Ministerio Fiscal no tiene dudas de que "se concedieron licencias quebrantando las normas urbanísticas", siempre "bajo la apariencia de legalidad del PGO". En ese sentido, señaló que la Ley de Costas es del año 1988 y en ese momento el suelo de Los Tarajales "no era urbano", por lo que se fijó una servidumbre a 100 metros con el objetivo "de preservar el litoral".

El fiscal se preguntó cómo el ayuntamiento no tomó precauciones "y fue cauteloso" a la hora de conceder la licencia para levantar el edificio, a pesar de que en el momento de recibir la solicitud ya existían sentencias judiciales en las que se advertía de que el suelo objeto de litigio no era urbano. Y es que incluso dos días después de conceder la licencia, el Tribunal Supremo ratificó las resoluciones que impedían construcciones en ese solar. "Tenían que haber anulado la licencia de oficio", subrayó.

Con la misma contundencia (o más) se refirió a la situación legal del edificio, de cuatro plantas, con locales comerciales y pisos de lujo. El fiscal calificó el inmueble de Los Tarajales, denominado Balcón del Puerto, como un "monumento a la prevaricación urbanística", y defendió que su derribo significaría demostrar que "no valen los atajos ni pasar por encima de las sentencias. Sería un mensaje al resto de ayuntamientos". Mantenerlo de pie sería, por el contrario, dar la impresión de que "la Ley de Costas no sirve para nada".

Los letrados de la defensa tienen otra argumentario, otra visión, que se puede resumir sencillamente, aunque en este juicio sencillo hay poco, en que la licencia para construir el edificio en discusión se otorgó "cumpliendo con la normativa urbanística vigente en ese momento": el PGO. Con esa premisa, la abogada del alcalde apuntó que los acusados "tenían que dar la licencia porque estaba ajustada a derecho". Y es que el Plan General "había pasado los filtros de todas las administraciones, incluido el de Costas, y estaba aprobado" cuando se permitió la construcción, por lo que "no se han infringido las leyes de ordenación del territorio".

La letrada defendió que todas las sentencias judiciales emitidas hasta la concesión de la licencia, otra cosa sería lo que ocurriera a partir de ese 2005, "se referían a las normas subsidiarias" y en ningún caso "el Plan General" que fue "por el que se concedió" el permiso para iniciar las obras de Balcón del Puerto. Pidió dejar libre de condena al alcalde, ya que a su juicio "no se ha demostrado nada en contra del principio de la presunción de inocencia".

15 millones de indemnización por tirar el edificio

El abogado de Rentur, la promotora propiedad del edificio de Los Tarajales, se unió a la defensa de los acusados, rechazando que se haya producido alguna ilegalidad en la concesión de la licencias. De todas formas, apuntó que si la licencia "se concedió de forma ilícita", su cliente debía ser compensado con una indemnización que cifró en 15 millones de euros, una cantidad "que no creo que tengan los acusados ni el Ayuntamiento de Tazacorte".

Milans del Bosch: "Como el mamotreto de Tenerife"

El abogado de Inversiones Cock, Santiago Milans del Bosch, comparó el caso de Los Tarajales "con el mamotreto de Tenerife", defendiendo que el edificio debía ser derruido y los acusados, condenados. En su intervención, al igual que hizo el letrado de la entidad Isla Bonita, Alfonso Castresana, advirtió de los graves perjuicios económicos que el desarrollo del Puerto había tenido en su defendido, el empresario vasco César Gil, solicitando una indemnización en ejecución de sentencia.