Los responsables de la Secretaría de área de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda y la de Turismo de la ejecutiva insular del PSOE, Gonzalo Pascual y Alicia Vanoostende, respectivamente, consideran que la actual aplicación de la Ley del Suelo está generando retrasos innecesarios en el desarrollo de licencias en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Desde la Secretaría de Planificación, se explica que “desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo se ha generado un perjuicio a nuestros agricultores que deseen percibir una renta complementaria al turismo con trámites ambientales en zonas que antes no se precisaban”.

El interés de agricultores palmeros que deseen construir o incorporar pequeños alojamientos turísticos en sus fincas ubicadas en zonas de suelo rústico agrario, se ve complicado al precisar unos requisitos ambientales en suelos ya transformados que retrasan la tramitación de licencias en la mayoría de los casos.

Además, añade Gonzalo Pascual, consejero de Planificación del Cabildo de La Palma, que esto sucede porque “los suelos rústicos agrarios ya han sido sometidos a transformaciones por parte de sus propietarios y una construcción de reducidas dimensiones en esta clase de suelo no debería contar con un trámite de evaluación ambiental hasta un pequeño número de plazas”. Con todo ello, se entiende por parte de los socialistas que esta obligatoriedad del impacto ambiental “perjudica notablemente los intereses de agricultores que de forma legítima quieren incorporar la actividad turística como forma de complemento a su economía y como diversificación de su renta”.

Por su parte, la Secretaria de Turismo, Alicia Vanoostende, consejera insular de Turismo, habla de que “la de Islas Verdes es una ley especial a la que parece que ha solapado la Ley del Suelo, dándose lugar a una situación de inconcrección que afecta a todas las instituciones públicas”. Además, afirma que “todavía estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias ponga en marcha el prometido reglamento que desarrolle la Ley del Suelo, así como la Oficina de Consulta Jurídica”.