El Gobierno de Canarias ha dado por certificado el 83,7% de los fondos transferidos al Cabildo de La Palma a través de la anualidad del Fdcan de 2017, y propone un reintegro de 2,4 millones de euros, lo que se fundamenta en el informe provisional de la auditoria encargada por el Ejecutivo para analizar la documentación presentada por la institución insular en recurso de alzada.

Este informe se emite tras la colaboración técnica entre ambas administraciones para corregir la documentación presentada inicialmente por la administración palmera. El Gobierno habló primero de un porcentaje de justificación del 67%, aunque ha aclarado que se trataba del porcentaje verificado sobre los fondos aportados por la Comunidad Autónoma, y que en su conjunto alcanza el 83,7%.

A propósito, el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, ha confirmado que "la actuación del Gobierno de Canarias ha permitido reconducir adecuadamente la situación del Fondo de Desarrollo de Canarias en La Palma", y confirmó que ya se ha trasladado el resultado provisional al Cabildo.

Esta auditoría es uno de los pasos que se están dando en la hoja de ruta establecida por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, para evitar que La Palma pierda los fondos: "Estamos satisfechos porque la hoja de ruta aprobada se está cumpliendo y podríamos dar por solucionados los problemas que ha tenido el Cabildo con la anualidad de 2017 del Fdcan de La Palma", dijo Dávila, y añadió que antes de final de mes se celebrará una nueva comisión de seguimiento. "La voluntad del Gobierno de Canarias siempre ha sido colaborar para que los recursos de La Palma se queden en la Isla y ayudar al Cabildo para que esto fuera así". "No obstante, lamentamos que el Cabildo de La Palma no haya podido ejecutar la totalidad de los fondos que le fueron asignados, pese a lo cual se ha salvado la mayor parte de ellos".

Entre otras cuestiones, la auditoría no da por justificados los costes indirectos que declara la corporación insular como gastos asociados a la ejecución de las actuaciones, que ascienden a 978.918,81 euros. Además, cuestiona la cantidad que imputan como costes indirectos a los proyectos.

El viceconsejero aclaró que ahora se abrirá un nuevo periodo de alegaciones sobre la auditoría en el que el Cabildo tendrá la oportunidad de presentar documentación sobre esos costes indirectos, y confirmó que "una vez elevada a definitiva la auditoría, la cantidad resultante a devolver se descontará de la parte de la anualidad de 2018 pendiente de liberar".

En noviembre solo había justificados 1,7 millones

El viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, recordó que la resolución emitida por la Viceconsejería en noviembre de 2018 se deriva de la información recibida al cierre del periodo de justificación el pasado 31 de octubre. La certificación remitida por el Cabildo de La Palma en ese momento solo justificaba 1,7 millones de euros del total de los recursos. Tras los requerimientos del Gobierno y el compromiso de ambas partes de agilizar las actuaciones, la colaboración técnica entre ambas administraciones, ha permitido que el Cabildo emitiera un segundo informe rectificando la documentación inicial.

Protagonismo para

los ayuntamientos

Para permitir que los fondos se inviertan en los palmeros y palmeras, el viceconsejerto recordó que "la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, instó al Cabildo de La Palma abrir la anualidad de 2018 a la participación directa de los 14 ayuntamientos de la Isla en ejecución de obra a lo que se ha comprometido el Cabildo, y así agilizar las actuaciones y evitar que se repitan situaciones similares a las sucedidas en el Fdcan hasta ahora". Esta medida se concretará en la comisión de seguimiento que se celebrará antes del final de este mes de enero.