Los herederos de Josef Bacskulin ya tienen comprador para la finca de Tijarafe. Allí, en una de las viviendas, el oftalmólogo húngaro de 78 años de edad fue asesinado en 2006 y con el transcurrir del tiempo, con el paso de los años, la propiedad se fue convirtiendo en un nido de ocupas llegados desde diferentes puntos, que en no pocas ocasiones han provocado problemas de convivencia y pequeños hurtos.
La venta del inmueble cerraría además un punto supuestamente de venta de droga al menudeo. Hay acuerdo para concretar la operación, pero el comprador quiere, como resulta lógico, que en su nueva propiedad no haya nadie residiendo de forma irregular.
Los ocupas están dispuestos a marcharse. Fuentes municipales confirmaron a esta redacción que "la venta de la finca de Bacskulin está acordada desde hace meses, incluso los ocupas llegaron a celebrar una fiesta como despedida". "La celebración puede resultar hasta curiosa, pero más increíble fue que invitaron a algunos vecinos", sostienen. Sin embargo, la realidad es que todavía hoy se mantienen personas ocupando las dos casas que tiene la propiedad y algunas cuevas.
La primera medida que se había decidido para evitar que los ocupas siguieran entrando en la finca a pernoctar fue tapiar las dos construcciones existentes. El Ayuntamiento de Tijarafe no puso ningún tipo de pegas ante la solicitud planteada, más bien todo lo contrario, y dio facilidades para que los trabajos se pudieran llevar a cabo. Las autoridades municipales son las primeras interesadas en que aquel espacio recupere la normalidad.
Sin embargo, para la ejecución de las obras en una de las viviendas, no así en la otra, los todavía dueños de la hacienda se encontraron con un problema: se ubica dentro del espacio protegido del barranco de Las Angustias y cualquier actuación que se lleve a cabo en la edificación debe contar con una autorización del Cabildo de La Palma, en concreto de la Consejería de Medio Ambiente.
La petición se presentó ante el área correspondiente, pero la respuesta "está tardando meses en llegar", señalan las mismas fuentes. "Aunque parezca mentira, la solución a un problema de esta naturaleza depende de que un técnico autorice el tapiado de unas de las viviendas, para lo que se está esperando demasiado tiempo".
La otra solución sería recurrir a las Fuerzas del Orden Público para desalojar de ocupas la finca, con los procedimientos legales que conlleva cuando la misma está desocupada y teniendo además en cuenta que sea un caso ajustable a la nueva ley de 2 de julio de 2018 que pretende agilizar los procesos de recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente.
Un vecino de la zona apunta que "el problema no es tanto ir y echar a los que están ocupando la finca, que ahora parece que hay menos gente que hace unos meses, sino tapiar las viviendas para evitar que vuelvan a entrar. De nada vale ir ahora y desalojarlos a todos, si luego mañana están otra vez dentro porque saben que aquello está deshabitado y que no se puede poner allí a un policía de forma permanente".
La esperanza es que el permiso de Medio Ambiente llegue cuanto antes, que las construcciones se tapien y que la operación de compraventa se cierre para la recuperación de la finca por sus nuevos propietarios.