Bermúdez y Hernández defienden la compra del edificio Alejandro donde viven seis familias ocupas

La moción de las socialistas Patricia Hernández y Alana Chinea, que defendía la compra del edificio Alejandro –en el barrio Nuevo Obrero, de Ofra– en la que residen seis familias de ocupas parecía llamada al fracaso y en un repentino pulso que lanzó el alcalde José Manuel Bermúdez en contra de los argumentos de su propia concejala del IMAS, Charín González, permitió que saliera adelante.

La defensa de la propuesta estuvo basada en tres hechos reales, gracias a otros tantos testimonios de moradores de dicho inmueble: una madre de un menor, en situación de vulnerabilidad y que sigue viviendo allí; otra que fue desalojada, al igual que un tercero, enfermo de cáncer y que en la actualidad vive en la casa de su cuñado durmiendo en una colchoneta en el salón por las escasas dimensiones del inmueble.

Los testimonios fueron desgarradores, desde la desesperación de la madre que llega a su casa con el temor de que le hayan cortado la luz o el agua a los daños que le provoca esta situación en la salud de los niños. No dejaron en el olvido reproches al alcalde y a la concejala del IMAS, que les bloqueó en el teléfono después de que el día que le cortaron la luz la llamara setenta veces, admitió la vecina.

La portavoz socialista reclamó para las seis familias de ocupas el mismo trato que dio el ayuntamiento a las 358 de Añaza o las 17 de El Tablero, cuando la Corporación promovió la compra de los edificios que culminó el Gobierno de Canarias.

La concejala del IMAS, Charín González, defendió que lo que los ocupas no pueden exigir un trato preferencial frente a otras familias que se encuentran de vulnerabilidad y defendió un trato igualitario. «Doña Patricia, usted pide se que compre el edificio Alejandro para darle casa a las seis familias que se encuentran ilegal», recriminó. La socialista pedía repetir la fórmula que en otros casos.

Bermúdez intervino y dijo que aceptaba la moción si se dirigía al Gobierno de Canarias y no al ayuntamiento, para que adquiera el inmueble, y Patricia Hernández le partió el brazo y la secundó, quedando en entredicho la postura que defendió la edil del IMAS.