El rastro, bajo sospecha: un informe cuestiona la legalidad de su actividad

La venta de productos de imitación o falsificados, en especial calzado y ropa deportiva, bolsos y prendas textiles, no es que sea una excepción en la actividad que se desarrolla en el rastro de Santa Cruz, sino que está en auge. Y en la oferta que pueden encontrar los vecinos y visitantes que cada mañana se trasladan a la zona comprendida entre el mercado Nuestra Señora de África y la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias se puede ver cómo se ha diversificado la oferta.

En el rastro, un polo de atracción para quienes acuden en buscan ropa y calzado nuevo y de segunda mano, antigüedades, artículos de bazar, plantas..., también se puede adquirir artículos de dudosa procedencia, calidad o legalidad, según las conclusiones de una investigación abierta por el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos que dirige el popular Carlos Tarife.

El informe inspección que pone bajo sospecha al rastro fue realizado desde octubre del año pasado hasta mayo de 2024, cuando se entregó. El objeto del mismo se centraba en comprobar y verificar la asistencia de los 411 puestos autorizados y si se correspondía la presencia de sus titulares o auxiliares si existieran; trazar un mapa real de la situación para proceder al levantamiento de acta para sancionar o revocar a los titulares que no acudan durante más de diez semanas seguidas, además de otras anomalías que se pudieran detectar, verificar la existencia de puestos sin licencia y espontáneos, el cumplimiento del plan de autoprotección –para verificar la presencia de ambulancia, instalación de baños, extintores, vallado...–... a fin de informar a la jefatura del servicio para que procedan a evaluar la situación a fin de implementar las medidas oportunas y corregir las posibles situaciones irregularidades detectadas.

Algo ‘huele mal’ en el rastro, y no solo por marihuana sino por el mercadeo de puestos la víspera de Reyes

Después de las inspecciones realizadas durante ocho meses se tiene constancia de la venta de medicamentos caducados a unos vendedores espontáneos –que no figuran que en la relación de los titulares de los 411 puestos–, así como venta ilegal de sacos de papas, verduras detrás de la residencia militar. Los visitantes también han tenido oportunidad de adquirir arepas que se han ofertado en un vehículo con el capó levantado que se ha visto en la esquina de Francisco Bonnin con Juan Álvarez, o la venta de grandes cantidades de ropa y zapatos usados por parte de personas vinculadas a una ONG. 

La forma de actuar de dicha organización es «trasladar a sus vendedores en un furgón y dejarlos allí desde primera hora de la mañana con la gran cantidad de mercancía». Cuando se pregunta por los permisos para el desarrollo de esa actividad, el presidente de la referida ONG explica que «los vendedores son personas en situación de vulnerabilidad, algunos con causas pendientes con la Justicia y que de ese modo pueden pagar a los abogados; de otra forma se dedicarían a robar».

El caso de la calle Francisco Bonnin.

El informe define a esta vía incluida en el rastro como el paraíso de la instalación de personas sin autorización así como de otras situaciones irregulares. 

«En esta calle fueron asignados veintidós puestos después del Covid. Exceptuando cinco casos, el resto de titulares nunca acude y su vacío ha sido aprovechado por vendedores espontáneos sin licencia para instalarse. La vía, al estar más retirada del centro neurálgico del rastro y ser poco visible, «se ha convertido en el lugar habitual de continuos altercados, faltas de respeto a inspectores y personal de la empresa». Entre las incidencias, «personas sin licencia» para el desarrollo de la actividad; casi en una anécdota queda que los productos se venda en el suelo, ocupando aceras y zonas de paso no autorizadas. Mención especial para alguna persona que oferta artículos en estado ebrio e insultando a propios y extraños. 

El edil de Servicios Públicos se reúne esta semana con la presidenta del rastro para buscar soluciones

La retirada de vallas para facilitar la entrada en horario no autorizado, lo que pone en peligro a los visitantes, o el uso de música con volumen alto en puestos no autorizados se incluyen en la relación de irregularidades.

Aunque la calle Francisco Bonnin acapara el mayor número de vendedores sin licencia, no es la única vía donde se registran estas supuestas anomalías, pues las inspecciones detalla también casos similares en Leoncio Rodríguez, avenida Buenos Aires y la plaza del General Gutiérrez Mellado, si bien el hecho de que no se registren situaciones tan conflictivas parece hasta un atenuante.

‘Tráfico de influencias’.

En un rastro donde no es ajeno «el trapicheo a parte de olor a marihuana o equivalente», según reza en el informe, no se pasa por alto la gestión de los puestos. 

«Se comprueba la existencia de muchos problemas con los titulares debido a designaciones a dedo según afinidades, amistades y otras causas generadas por las propias representaciones del rastro». De la misma forma, también se asegura «la existencia de familias sin licencia que ocupan puestos directamente asignados por dicha representación». Y continúa la investigación: «existen mercadeo de los puestos por parte de titulares que no acuden al rastro y alquilar su puesto». Un ejemplo concreto, lo ocurrido la víspera del día de los Reyes Magos, cuando el rastro es un altar de obligada visita según la tradición.

Eso sin obviar a titulares con tres o cuatro puestos, cuando no se hace mención a que se dedican a vender artículos que nada tiene que ver con su razón comercial o se cambian de puestos aprovechando la ausencia de los titulares. «Hay puestos que parecen un estercolero», se hace constar.

De hecho, ni el cinco por ciento de los 411 puestos autorizado cumple con la ordenanza que rige el desarrollo del rastro.

Entre las conclusiones, el autor del informe recomienda «buscar interlocutores válidos que representan la totalidad del rastro».

Preocupación en Servicios Públicos.

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, del que depende el desarrollo del rastro, asegura que «ya nosotros tuvimos una primera reunión con la presidenta del rastro y le hemos indicado que hay una serie de cuestiones que no pueden seguir sucediendo». 

El también primer teniente de alcalde asegura que «desde el año 2015 hay una ordenanza que se aprobó en un gobierno municipal formado por CC y PSOE, que obliga a los vendedores a tener el seguro de autónomo». «He encargado un informe jurídico para ver si hay que exigírselo o no; lo cierto es que eso está incluido en una ordenanza en vigor».

El informe encargado determinará «si lo tengo que exigir o no y por lo tanto puedo modificar la ordenanza». Este asunto y otras cuestiones se analizarán con la presidenta del rastro, Carmen Tejera, en una nueva reunión que se celebrará esta semana.